Parlamentario Andino Alan Fairlie señala que se debe promover el acceso equitativo e inclusivo de la educación ante la emergencia sanitaria
La llegada del Covid-19 al Perú, ocasión que las clases presenciales en los colegios públicos y privados fueran suspendidas inicialmente hasta el 4 de mayo, y a partir de dicha fecha se iniciarían de forma gradual. Sin embargo, bajo la modalidad de clases remotas los alumnos de la educación básica iniciaron su año escolar el pasado 6 de abril, para lo cual se estableció la estrategia “Aprende en casa”, herramienta digital multicanal que involucra internet, televisión y radios nacionales y regionales. Recientemente, el gobierno ha anunciado la suspensión de clases presenciales de forma indefinida, con lo cual la modalidad de educación a distancia regiría este año.
Si bien la educación en línea o remota ha permitido iniciar las actividades escolares, también mostró la enorme brecha digital que existe en el país, en especial en las zonas rurales y la población más vulnerable, que no cuenta con los medios ni la infraestructura necesarias para acceder a las clases remotas. En ese sentido, el Gobierno a través del Decreto Legislativo N.º 1465 estableció medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en la educación básica y superior en todas sus modalidades. Entre ellas, la compra y entrega de 840 000 tablets con Internet para para estudiantes de zonas rurales y urbanas alejadas y más de 97 mil tablets para docentes.
Al respecto, el parlamentario andino Alan Fairlie sostuvo que “Es fundamental establecer medidas que se adapten al contexto de la emergencia sanitaria y garanticen la continuidad de los aprendizajes, a través de soluciones que sean equitativas y, que favorezcan que los estudiantes sigan aprendiendo a pesar del cierre de los colegios y universidades; por lo cual es necesario que estas lleguen a toda la población estudiantil en especial a los que se ubican en las zonas más desfavorecidas”.
Por otro lado, el uso de la educación a distancia, ha llevado que los padres cuyos hijos estudian en instituciones privadas, soliciten una disminución en el costo de las pensiones. Por su parte, el gobierno ha señalado que se encuentra diseñando una estrategia para poder absorber una determinada cantidad de alumnos que migren de la educación privada a la pública.
Finalmente, el parlamentario Fairlie señaló” el año educativo no debe detenerse, ya que permite que los niños y jóvenes no se retrasen en su formación y tengan mayores oportunidades de desarrollo. En ese sentido, una vez superada la crisis sanitaria se debe fortalecer nuestro sistema educativo a través de mayores niveles de inversión y el establecimiento y consolidación de nuevas modalidades de enseñanza usando redes y tecnologías de la información, que además nos permitirá estar mejor preparados ante cualquier eventualidad hacia futuro”.
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