Decretos de urgencia en infraestructura: más APPs

Sabemos que cerrar las brechas de infraestructura es vital para lograr un mayor crecimiento y desarrollo de nuestra economía, y resulta más relevante ahora, ya que el papel de la inversión pública  es fundamental para salir de la desaceleración económica en la que nos encontramos en los últimos seis años, bajo un contexto internacional que todavía sigue siendo incierto. El gobierno peruano, ha tomado varias medidas respecto a este tema, sobre todo después de haberse cerrado el Congreso, a través de decretos de urgencia (DU).

Los DU impulsados por el gobierno relacionados con el tema de infraestructura han sido varios, dentro de los cuales se resaltan dos: DU que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad  (PNIC) (noviembre, 2019); y, DU que establece disposiciones extraordinarias para la adquisición y liberación de áreas necesarias para el PNIC y el plan integral de reconstrucción con cambios (enero, 2020).

Ambos DU buscan a través de la desregulación, facilitación de los procedimientos y trámites y la adquisición y liberalización de áreas, la puesta en marcha los 52 proyectos de infraestructura priorizados del PNIC.

Como hemos mencionado anteriormente (http://alanfairliereinoso.pe/?p=4587), el principal problema con la implementación del PNIC, es que alrededor del 70% de estos proyectos priorizados serán llevados a cabo bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), que debido a la ausencia de una adecuada regulación, la poca capacidad de gestión del Estado y la falta de transparencia, han conllevado a que en los últimos años, grandes proyectos se hayan visto envueltos en actos de corrupción, generando al final del día a una enorme carga fiscal para el Estado.

La evidencia empírica internacional señala que es necesario incluir a las APP como deuda pública, de manera que formen parte del análisis de sostenibilidad fiscal. También, contar con criterios ex – ante de estos proyectos de inversión. Asimismo, se recomienda promover la buena gobernanza democrática de todos estos proyectos mediante consultas informadas, y que en su diseño se implementen indicadores claros que permitan evaluar el impacto de las APP sobre la población en condiciones de pobreza.

Pese a ello, a través de estos DU, el gobierno pretende seguir impulsando más APPs, sin ningún cambio o mejora en su regulación que permita corregir por lo menos los problemas financieros, de gestión y de corrupción involucrados. Debemos enmendar el rumbo y no cometer nuevamente los errores del pasado.

Foto tomada de: Correo

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