Decretos legislativos, Odebrecht y declaraciones presidenciales
El pasado 29 de septiembre del 2016, el Congreso de la República le otorgó facultades al Poder Ejecutivo en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y la reorganización de Petroperú S.A, entre otros aspectos.
El plazo concluyó el 6 de enero del 2017 y a la fecha se han emitido un conjunto de decretos que buscan impulsar la economía, combatir la corrupción y la delincuencia, así como mejorar la provisión y la calidad de los servicios básicos como agua y saneamiento.
DECRETOS ECONÓMICOS
Uno de los aspectos más comentados han sido las normas tributarias y la simplificación administrativa mencionada en los textos aprobados.
En el primer grupo, se encuentran Decretos, como el 1269 que establece el nuevo régimen de las MYPE para el Impuesto a la Renta, el Decreto 1263, que modifica el código tributario y entre otros cambios, elimina la aplicación de intereses por exceso de plazos. También está el decreto 1258, que modifica la ley del Impuesto a la Renta.
En el segundo grupo, se encuentran normas como las que autorizan el uso de tecnologías de la digitalización, información y comunicación en procesos laborales y otros, como son la sustitución de la firma ológrafa y sello por la firma digital (Dec. 1310), la regulación de la propiedad intelectual (Dec. 1309), la eliminación de las barreras burocráticas (1256) y la modificación de la ley del procedimiento administrativo general y derogación de la ley de silencio administrativo (1272), entre otras.
Por su parte, el área de agua y saneamiento, presenta iniciativas como Agua más (Agua+) que consiste en ejecutar acciones de intervención, rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento en el área rural del país (Dec. 1274), o como la creación del Fondo de Inversión para Agua Segura (Dec. 1284) o la norma que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento (dec. 1280), entre otros.
A nivel de la política fiscal, se tienen los Decretos 1275 y 1276 que establecen el marco para un adecuado uso de los recursos fiscales de los gobiernos regionales y locales, así como del sector público no financiero.
En materia del sistema financiero y mercado de valores, están los decretos que regulan modificaciones a la ley del fomento a la liquidez e integración del mercado de valores y modificaciones a la ley de bancos.
Para el caso de Petroperú, se ha publicado el decreto 1292, que declara de necesidad pública y de interés nacional la operación segura del oleoducto norperuano y dispone la reorganización y mejora del Gobierno Corporativo de la citada entidad.
Se trata de normas que según el gobierno, han sido elaboradas para beneficiar al ciudadano de a pie, al pequeño y mediano empresario, pero sobre todo para generar mejores posibilidades al país en su conjunto. El enfoque es que eliminando trabas y reduciendo trámites, se beneficia a diferentes sectores de la población y debe reactivarse la inversión en el corto plazo. Asimismo, iniciar una reforma del Estado de mayor alcance.
Se requiere un análisis detallado de las medidas, y cuidar que por esta promoción no se están relajando estándares laborales, ambientales o afecte la biodiversidad y patrimonio cultural de la Nación.
DECLARACIONES PRESIDENCIALES
El Presidente ha resaltado la importancia de las medidas que el Premier y los ministros del sector correspondiente han presentado al país. Tiene la expectativa que con esas medidas y las políticas de “destrabamiento” de grandes proyectos de inversión, la economía recupere un crecimiento del 4% este año.
Ha defendido la necesidad del ajuste fiscal del último período, para que la situación no se vaya de las manos. También están generando deuda externa crecientemente, por lo que necesitan que las clasificadoras de riesgo no empeoren nuestra calificación y suba la tasa de interés (aunque igual ocurrirá por política de la FED). Hemos argumentado en otros artículos, sobre las limitaciones de esta estrategia.
Lo que nos interesa resaltar es que quizá esa situación preocupante, haya llevado al Presidente a declarar que deben salir proyectos mineros que no tienen licencia social, y que las poblaciones locales cuestionan. En un contexto adverso internacionalmente, con dificultades de retomar crecimiento de manera sostenida, insistir en proyectos cuestionados, puede ser una provocación que reinicie los conflictos sociales.
Hay medidas sobre corrupción y seguridad ciudadana que no comentaremos, pero sí el contexto, el destape del caso Odebrecht.
ODEBRECHT
La dimensión internacional del escándalo, y las repercusiones locales que abarcan varios gobiernos, hicieron palidecer las medidas anunciadas. No solo por la reacción tardía y débil frente al hecho, el intento de relativización de PPK (son algunos, no toda la empresa), sino también por tratar de soslayar la participación de empresas y actores locales.
Es mucho lo que está en juego en el caso Odebrecht. No solo ingentes cantidades de dinero, y los correspondientes intereses empresariales que serán defendidos a toda costa. También porque la magnitud del fenómeno pone en cuestión al conjunto de la clase política, y las mismas bases institucionales de la República.
En ese contexto, anuncios de lucha contra la corrupción no tienen la credibilidad necesaria, y se requieren acciones concretas que no se sabe si están en condiciones de implementar.
En ese clima, medidas de piloto automático no funcionarán para reactivar la economía y la inversión de largo plazo. Se requiere cambios de corto plazo y en la estrategia de inserción internacional y de desarrollo, que este gobierno no implementará.
Persistir en las medidas anunciadas en las declaraciones presidenciales, no complementa o corrige deficiencias de los decretos legislativos. Es el anuncio de nuevas tempestades. Esto es muy peligroso dado el humor ciudadano que se ha manifestado recientemente, en protestas por un injusto peaje. Peor aún si el escándalo Odebrecht, alcanza a los protagonistas de las más altas esferas del Estado.
ADEMÁS
Se requiere que desde todos los sectores trabajemos por revertir estas tendencias, y reconstruir la República sobre nuevas bases. Se requiere una gran concertación nacional para implementar políticas de Estado, que lleven a un mayor bienestar a la población, sobre todo la menos favorecida. Ni nuevos decretos legislativos, ni el Acuerdo Nacional con las atribuciones actuales, resolverán el problema.
Foto Andina.
