ALTO A LOS ABUSOS EN LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS

Hace un par de semanas la Ministra de Salud, Silvia Pessah, informó sobre la denuncia formulada contra laboratorios nacionales por concertación de precios ante el INDECOPI. En efecto, en una convocatoria para la compra medicamentos gastrointestinales, cardiovasculares, y antiparkinsionanos llevada a cabo por el MINSA, se identificó que cuatro laboratorios farmacéuticos habían presentado ofertas con montos similares, que bordeaban el 100% adicional al valor del año pasado.

Pronunciamientos de la SNI y de ALAFARPE no se hicieron esperar. Incluso se llegó a hablar de implementar un código de ética para compras públicas de medicamentos, a fin de que no se repitiesen casos similares.

Sin embargo, esta situación ética no sólo debe tenerse presente para la compra a laboratorios nacionales sino también a las trasnacionales. En efecto, esta semana, el Diario Gestión dio a conocer un estudio elaborado por Acción Internacional para la Salud (AIS), llevado a cabo en coordinación con Oxfam, donde ponía en alerta sobre el costo no controlado al precio de los medicamentos para el tratamiento del cáncer, VIH y diabetes.

Como este tipo de medicamentos no paga aranceles, y se encuentran exonerados del pago de IGV desde el 2006, en el marco de la Ley N°27450 y sus modificatorias, su precio de venta público debería reflejar dichas exoneraciones. Sin embargo, el estudio antes mencionado demuestra que nueve medicamentos, de una muestra de doce, suben hasta 142% cuando se venden al Estado, es decir, a través de los procesos de compras públicas que convocan el Minsa y EsSalud.

Esta situación lleva a preguntarnos ¿por qué se está dando esta subida desorbitante de precios? ¿a qué institución le corresponde velar por el control de estos precios exorbitantes? Se entiende que el objeto de las exoneraciones apunta a que la población pueda acceder a estos productos a un precio justo, en tanto se encuentra en juego la salud y la vida de las personas. Sin embargo, los casos antes mencionados demuestran que el Gobierno no está haciendo un seguimiento eficiente y eficaz en el proceso.

En este marco, consideramos necesario impulsar una campaña para transparentar los precios en toda la cadena de producción y distribución de medicamentos, así como establecer una política de regulación de precios para dichos productos. En el Congreso, se han presentado iniciativas legislativas que incorporan los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE; apremia entonces abrir el debate entre los diferentes actores: Estado, laboratorios farmacéuticos (nacionales y extranjeros), y sociedad civil; de lo contrario, la salud pública quedará a merced de la generosidad de la industria farmacéutica, que como podemos apreciar, tiene como prioridad sus intereses económicos.

El parlamentario andino Alan Fairlie, demandó una acción inmediata de las autoridades competentes, que deberían atender de inmediato las denuncias de asociaciones de la sociedad civil y consumidores.

Fuentes:

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