Sostenibilidad ambiental: con estándares reducidos

El Objetivo Prioritario N° 09 de la Política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad “Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas” estableció diversas medidas como: la estrategia de financiamiento frente al cambio climático; la gestión integral de residuos sólidos; la economía circular y los acuerdos de producción limpia; energías renovables, electro movilidad y combustibles limpios; bono de chatarreo; plataforma y monitoreo de las NDC; y, gestión sostenible y servicios eco sistémicos. Como podemos observar, estas medidas establecen mecanismos y sistemas ambientales que se les propone a las empresas para acceder de forma voluntaria; sin embargo, no aborda la afectación al medio ambiente, la reducción de estándares ambientales para promover la inversión privada, la falta de consulta a las comunidades afectadas, y la débil fiscalización ambiental por parte del Estado, entre otros.

Nuestro balance al respecto, lo hemos desarrollado en los documentos elaborados por mi despacho sobre la “Política de Competitividad y Productividad: Un Balance Crítico”, y el “Análisis del Plan Nacional de Competitividad y Productividad”. A pesar de los cuestionamientos a las herramientas propuestas para abordar la sostenibilidad ambiental, el gobierno ha continuado con la implementación de dichas medidas, principalmente relacionadas con el cambio climático y los compromisos asumidos a nivel internacional, que son avances sobre la protección ambiental pero que no atienden los problemas de mayor gravedad como los diversos conflictos socio ambientales que se desarrollan a nivel nacional.

De lo propuesto en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el Poder Ejecutivo sólo ha presentado el Proyecto de Ley Nº 4649 “Ley que promueve la renovación y el retiro del parque automotor”, en el mes de agosto pasado. En este proyecto se establecen incentivos económicos para el chatarreo, pero no sería una propuesta reciente, sino que ya se viene discutiendo desde años atrás. No hay otras iniciativas presentadas sobre sostenibilidad ambiental.

Por otra parte, genera preocupación el último Reporte de Conflictos Sociales Nº 189, elaborado por la Defensoría del Pueblo y que corresponden al mes de noviembre de 2019. En el reporte se puede observar que existen 185 conflictos sociales, de los cuales 134 se encuentran activos y 51 están latentes, habiéndose aumentado dos conflictos a comparación del mes anterior. De los 185 conflictos señalados, el 68.1% son conflictos socio ambientales.  Es decir, los conflictos sobre contaminación ambiental continúan sin ser atendidos por el gobierno y sus medidas propuestas están ajenas a atender esta problemática.

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