Educación y Ciencia y Tecnología fuera de la Agenda País 2.0 de la CONFIEP
Escribe: Jessica Portocarrero
Antecedentes:
Hace unas semanas la Confiep presentó la nueva edición de su Agenda País 2.0, la cual desarrolla una serie de medidas que buscarían reactivar la economía peruana, además de contribuir con la ejecución del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, y el Plan Nacional de Infraestructura, de acuerdo a lo señalado por el sector empresarial.
Está claro que existe una estrecha relación entre lo que propone la Agenda País y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, como lo hemos ido viendo desde la promulgación del Decreto Supremo Nº 345-2018-EF de “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, en diciembre del 2018, en donde se señalaban nueve objetivos prioritarios orientados a aumentar nuestros niveles de competitividad y productividad, dentro de ellos el fortalecimiento del capital humano y la ciencia, tecnología e innovación.
La respuesta del sector privado ante este Decreto no se hizo esperar y en junio de este año sacaron la primera versión de la llamada Agenda País 1.0, la misma que fue entregada al Presidente, evidenciando cuales eran los sectores de mayor interés para los empresarios. Este documento presentó quince ejes estratégicos, asociados a determinados sectores económicos y recomendaciones para cada uno de ellos. Posteriormente, el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que recoge algunas de las principales propuesta del gremio empresarial.
A continuación, analizaremos dos factores importantes para lograr mejorar nuestros niveles de competitividad, como lo son la educación y la ciencia y tecnología, dentro de la propuesta diseñada por los empresarios.
Agenda País 1.0
Ahora bien, la versión 1.0 de la Agenda País contemplaba como eje estratégico la Educación Superior, siendo este un medio para fortalecer el capital humano, además de constituir una herramienta para mejorar los niveles económicos y sociales del país. Asimismo, se resaltó el impacto directo de la educación en la productividad laboral y la necesidad de cerrar la brecha existente entre los jóvenes que acceden a una educación superior y aquellos que no.
En esa misma línea, el gremio empresarial destacó como factor clave la necesidad de garantizar la calidad de la enseñanza, señalando que el licenciamiento de las universidades permitía avanzar hacia tal fin; sin embargo, entre las principales trabas que identificaron para la atracción de inversiones a este sector, fue el hecho que el licenciamiento obtenido por una universidad no se extienda a una nueva sede educativa y/o nueva carrera, y que en dichos casos la institución debía pasar nuevamente por el proceso de licenciamiento. Además, sostuvieron que el sector educativo requería operaciones crediticias de 10 a más años y, al ser estas licencias temporales, desincentivaban la inversión, además de argumentar que la demora en el otorgamiento de las licencias institucionales a las nuevas sedes o carreras incrementaba la brecha entre la oferta y la demanda laboral.
Es así que su principal recomendación fue reformar la Ley Universitaria en los artículos correspondientes al licenciamiento de las universidades, a fin de que este se dé por única vez y sea permanente, además de que una vez obtenido, sea extensible a nuevas sedes y carreras. Está claro que lo que pretendía la Confiep con estas recomendaciones, no era cerrar la brecha de formación de capital humano existente, brecha que hace que nos ubiquemos en el puesto 117 de 141 en materia de habilidades necesarias en la fuerza laboral de acuerdo al informe de Competitividad Global, sino continuar con la proliferación de universidades, dejando en segundo plano el aseguramiento y la pertinencia de la educación superior. Asimismo, la Confiep señaló la necesidad de promover y facilitar la educación superior a distancia, modificando el artículo 47 de la Ley Universitaria – Ley N°30220.
En cuanto a la promoción de ciencia, tecnología e innovación, no se estableció ese punto como un eje principal y articulador para el fomento de la diversificación productiva y un recambio en el modelo económico. Simplemente se señaló que existe un bajo nivel de valor agregado en los productos generados por las MIPYME y la necesidad de revisar la efectividad de los instrumentos de promoción para el desarrollo y competitividad, del título III del DS 013-2013 TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, así como los sistemas de procesos de calidad y de los Fondos para emprendimientos dinámicos.
Se nos olvidó la Educación en la Agenda País 2.0
Tras el lanzamiento de la Agenda País 1.0, el Estado presentó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), publicado en julio de este año, en donde algunas de las medidas señaladas por la Confiep fueron incluidas en el diseño de este plan, mostrando que habría una fuerte correlación de intereses entre lo que proponía el sector empresarial y el gobierno, y no en el bienestar de la población en su conjunto.
En lo que respecta a la educación superior el PNCP, en su medida de política 2.3 de “Aseguramiento de la calidad y articulación de la Educación Superior y Técnico-Productiva”, señaló que se garantizaría la calidad de la educación superior en los siguientes aspectos: a) evaluación de la gestión de las instituciones a través del licenciamiento a cargo por Sunedu (universidades) y la Dirección de Educación Técnico Productiva del MINEDU (institutos). La acreditación de universidades e institutos a través del Sineace. b) evaluación de aprendizajes pertinentes para el mundo laboral, el que se centraría en garantizar el logro de los aprendizajes y dar continuidad entre los aprendizajes de la educación básica con los de la educación superior. Por otro lado, esta medida plantea la posibilidad de impulsar la educación a distancia con el fin de aprovechar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones.
Como se puede ver, la PNCP recogió parcialmente lo propuesto por Confiep en lo que respecta a educación a distancia; sin embargo, no fue así en cuanto al licenciamiento, puesto que el gobierno ha continuado con la implementación de la reforma universitaria y, por ende, con el licenciamiento de las universidades, nuevas sedes y carreras. Es así que a la fecha, 21 universidades privadas han sido cerradas[1].
Cuadro N°1: Agenda País 1.0 vs. Agenda País 2.0
¿Sera por eso que la nueva Agenda País 2.0 ya no incluye la educación superior con un eje fundamental para la competitividad? Sí, la versión 2.0 de la Agenda País, deja fuera a la educación y, por el contrario, establece un nuevo eje principal sobre “Conectividad Digital”, como una herramienta para el incremento de la productividad, la expansión de los negocios, reducción de costos, y transparencia en el sector público, aspectos en los que coincidimos. Sin embargo, este eje se centra más en las telecomunicaciones y los beneficios para los empresarios que operan en este rubro, y no en el potencial para promover un desarrollo más inclusivo.
La Confiep a través de sus recomendaciones concernientes al eje de conectividad digital, buscan establecer, por un lado, medidas que faciliten la aprobación de solicitudes de renovación de concesiones en telecomunicaciones, además de simplificar las aprobaciones administrativas, y de crear un régimen temporal de 5 años para reducir el pago de tasas de explotación comercial a un valor de 0.1% de la base imponible vigente (0.5% del total de los ingresos declarados)[2]. Es decir que esta tasa se reduciría en un 80%, lo cual implica menores recursos para el Estado.
Asimismo, se estaría buscando eliminar los sobre costos, de lo que el empresariado califica como materias exógenas al sector. Entre estos aspectos se encuentra la verificación de biometrías que permite determinar la identidad de una persona que adquiere un servicio de telefonía móvil. Actualmente, los operadores pagan a RENIEC por dicho servicio, y con esta medida los empresarios están buscando que se les exonere de dicho pago, y que sea la RENIEC quien emita una lista para la verificación biométrica aduciendo que es un tema de seguridad ciudadana, además de adecuar la normativa nacional a la recomendación UIT-T D.262 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que eliminaría las regulaciones obsoletas en un entorno digital.
Por otro lado, recomiendan la promoción de infraestructura de telecomunicaciones a través de la eliminación de barreras, como la eliminación de sanciones sobre el mimetizado, la eliminación de los requisitos de evaluación de infraestructura de la normativa aeronáutica, civil, patrimonio cultural y zonas naturales cuando la modificación no genere cambios en la infraestructura; prorrogar el plazo de implementación de TV digital terrestre; y modificar la reglamentación sobre el instrumento de gestión ambiental, entre otras recomendaciones a favor del gremio empresarial.
Reflexiones finales
Como hemos visto, no se está viendo a la conectividad digital como un medio para reducir las desigualdades existentes e impactar de forma directa con el bienestar de la población, a través de programas como tele educación, tele salud e innovación inclusiva. Es necesario impulsar la transformación digital, así como el desarrollo del mercado digital en el país, pero para ello es indispensable promover la formación de capital humano calificado, que acceda a una educación de calidad a fin de que en un futuro pueda gozar de un trabajo digno. Se debe de revertir el contexto en el que nos encontramos en donde, si bien el número de jóvenes con educación superior, ya sea universitaria y/o técnica, se ha incrementado en 14,2 puntos entre el 2007-2018[3], todavía no se ven mejoras en la calidad y una mayor empleabilidad de los jóvenes.
Por tal motivo, ni la educación, ni la ciencia y tecnología e innovación, deben de quedar fuera de ninguna estrategia orientada a alcanzar mayores niveles de desarrollo. Es necesario fortalecer nuestro capital humano, ofrecer una formación continua que responda a las exigencias del mundo actual y a la transformación digital. Si contamos con capital altamente capacitado, seremos capaces de migrar a un nuevo modelo económico basado en el conocimiento y no en la exportación de materias primas sin valor agregado.
[1] El Comercio (22.10.19) Sunedu: ¿cuál es el estado de las universidades públicas en el proceso de licenciamiento?
[2] Las estaciones comerciales de radiodifusión sonora y de televisión están obligadas a hacer el pago de tasa por explotación comercial del servicio, según la Ley de Radio y Televisión (Decreto Supremo N° 005-2005-MTC). Esta tasa es anual y equivale a medio por ciento (0.5%) de sus ingresos brutos declarados por prestar sus servicios.
[3] INEI (2019) Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingreso por Departamento, 2007-2018
