Necesaria reforma de la educación superior

Artículo publicado en Diario Uno

Hay doce universidades que ofrecen diversas carreras sin autorización legal. Otras cuatro brindan programas de postgrado no autorizados.

Sunedu señaló hace unos días que varias carreras y universidades no cumplían los requisitos para ser ofrecidas. Y, esto es la punta del iceberg. Todavía falta completar un inventario, que nos dé un cuadro más aproximado de la realidad.

Son doce las universidades que no han recibido autorización para ofrecer diferentes carreras. También existen cuatro que ofrecen programas de postgrado no autorizados. (Ver lista)

Heterogeneidad en la educación superior
Muchas carreras y universidades proliferaron en los años noventa, y algunas universidades cumplen con estándares internacionales. Pero, lamentablemente no es el caso de la mayoría, que efectivamente constituyen universidades con fines de lucro, sin necesariamente ofrecer el servicio educativo en las condiciones que se requieren.

La falta de regulación y supervisión oportunas, han permitido que este problema crezca de una manera alarmante, hasta encontrarnos con la delicada situación actual. Es necesario corregir estos problemas y recuperar el tiempo perdido.

Un paso necesario es la evaluación plena de las carreras existentes, considerando variables de calidad, infraestructura, equipos, cuerpo docente a tiempo completo, condiciones adecuadas de investigación, gobernanza institucional para una formación integral.

La educación es antes que nada un derecho. En ese sentido, deberían ser las universidades públicas las que lideren el proceso, de manera gratuita. Lamentablemente, por diferentes motivos, esto no ha sido posible. La falta de asignación presupuestal ha jugado un rol crucial.

En países desarrollados la universidad pública sigue jugando un rol preponderante, a pesar de las tendencias crecientes de privatización y masificación. Cuando las universidades no han cumplido con las condiciones definidas, las políticas de regulación y mecanismos de control han introducido los correctivos necesarios.

En el Perú, además de las universidades públicas, se crearon universidades privadas sin fines de lucro. Pero, con la legislación de los 90 se permitió la fundación de universidades privadas con fines de lucro, que están a la base del problema señalado.

Nos parece que pueden coexistir diferentes formas de propiedad y gobernanza universitaria, siempre y cuando se respete el criterio de calidad. Para ello, no es suficiente completar el inventario y clasificación anteriormente descritos, sino que se debe completar un proceso de acreditación. Para ello, es indispensable fortalecer el organismo responsable nacional, así como también facilitar la acreditación por instituciones internacionales reconocidas. La acreditación no solo debería ser de las carreras sino también de las universidades.

La situación actual no debe continuar. Constituye una estafa a los estudiantes y padres de familia, que pagan muchas veces tarifas elevadas, sin que los estudiantes adquieran las calificaciones y competencias que estas profesiones tienen a nivel internacional.

Actualmente, la competencia es global, de forma tal que egresados de universidades no idóneas, estarán en abierta desventaja no solo para insertarse en el mercado laboral, sino para un desempeño adecuado en los emprendimientos que se defina.

También pierde el país, no solo porque no consolida la formación del capital humano, sino porque la brecha entre universidades regionales respecto a las universidades nacionales líderes, se ensancha. Ni hablar de nuestra ubicación en los rankings internacionales, o el diseño de estrategias de diversificación productiva para un desarrollo sostenible.

En esa medida, lo que debería hacerse es cerrar las carreras y universidades que no cumplen con los requisitos mínimos de calidad. Una opción, sería que, analizando caso por caso, algunas pudieran convertirse en institutos de educación superior. Como se establece un vínculo entre institutos y universidades para la educación superior, se podrían crear unas alternativas para un sector de los estudiantes.

¿QUÉ HACER CON LOS ESTUDIANTES?
Ni los estudiantes ni sus familias, son responsables de esta situación, por lo tanto, no deberían verse perjudicados por la necesaria reforma que debe implementarse.

Esto implica, que se deben crear las condiciones adecuadas para un mecanismo de traslado a las universidades nacionales y privadas que sí cumplen con los requisitos de calidad. Se tendría que ver un proceso de convalidación de cursos y créditos, cuando esto sea posible directamente.

También, en estos casos establecer cursos propedéuticos o mecanismos de transición que permitan una nivelación para continuar regularmente los estudios en la nueva universidad definida.

LEY Y REFORMA UNIVERSITARIA
Para poder completar el proceso señalado, se necesita una autoridad autónoma reforzada, lo cual implica realizar ciertas modificaciones a la composición y atribuciones de Sunedu. De un lado, eliminar su dependencia del Ministerio de Educación de turno, para empoderar de esa manera a sus miembros con un origen y representación que no sea cuestionado.

De otro lado, habría que darle mayores atribuciones para que pueda efectivamente clausurar carreras y universidades que no cumplan con los estándares de calidad establecidos. Esta política debería tener consenso nacional. No se trata de afectar la inversión privada, tampoco de desperdiciar inversiones en infraestructura en Lima y regiones. Se debe buscar una reorientación y adecuación en los casos que esto sea posible. Por ejemplo, convertirse en instituciones de educación superior como sugerimos anteriormente.

Múltiples estudios nacionales e internacionales, y de organismos multilaterales, resaltan el rol clave de la educación en toda estrategia de desarrollo exitosa. No debemos perder más tiempo, y debería constituirse efectivamente en una política de Estado.

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