Rol de la educación en una política de competitividad y productividad
Escribe Gilberto Meza Aguirre[1]
El gobierno ha presentado ante el país, lo que ha denominado como política de competitividad y productividad mediante el DS N° 345-2018-EF. Desde el punto de vista formal, por lo menos, debió plantearse mediante una norma de la PCM o, mejor, mediante un Decreto Legislativo, que le permitiera comprometer a los diversos sectores que tienen que ver en este asunto.
El objetivo prioritario 2, está ligado al rol de a educación y tiene que ver con el fortalecimiento del capital humano, orientado a dotarle de las habilidades, destrezas y competencias para un mejor desempeño.
Nos preguntamos: ¿Cuáles serán esas competencias cuando nuestros objetivos estratégicos no van más allá de mantenernos como país primario exportador y que, por lo tanto, los pocos avances logrados en la industrialización han sido desandados?
Ello explica por qué el currículo escolar está totalmente alejado del trabajo y la producción y las instituciones educativas técnicas han sido desmanteladas.
Inexplicablemente, se tira por la borda la rica herencia de una vasta creación científica y tecnológica en todos los campos, sumada a nuestra condición de país privilegiado por la naturaleza, con todos los pisos ecológicos del mundo, una riqueza invalorable en fauna, flora y minerales, que debían ponernos a la vanguardia del desarrollo industrial y convertirnos en un país desarrollado y próspero.
Si no comenzamos por modificar esa visión, especialmente entre nuestras clases dirigentes, todo lo que se diga al respecto no pasará de un mero discurso.
Incluso en ese marco, va a ser imposible cumplir cualquier meta de fortalecer el capital humano, mientras el país y la sociedad no entiendan que es básico y fundamental un real reconocimiento a la labor de los docentes. Si no es así, los mejores estudiantes de la educación básica jamás van a optar por la carrera docente, como viene sucediendo en la actualidad.
Otro asunto de suma importancia es el enfoque en lo que se refiere a la formación inicial y permanente de los docentes, que deberían estar a cargo del Estado. Lo que viene sucediendo en la actualidad es que la mayoría de las instituciones formadoras de maestros, tanto los institutos como las facultades de educación de las universidades están en manos privadas, muchas de ellas de dudosa calidad, en las que la lógica del lucro, genera un ejército de maestros desocupados, muchos de ellos sin las capacidades de ser los artífices de ese objetivo de fortalecer el capital humano.
En la base de esas políticas está el principio de reducción del gasto público, orientado por los organismos financieros internacionales, que se expresan en un presupuesto para el sector educación que, pese a los reiterados compromisos de las diversas fuerzas políticas y sociales, como el Acuerdo Nacional, en las últimas décadas sigue bordeando el 3,5%, que nos ponen al nivel de los países con menor presupuesto educativo.
Vistas, así las cosas, nos tememos que esta política será un nuevo anuncio pomposo destinado al fracaso, porque, además, en su formulación e implementación, por lo menos en lo que se refiere a este Objetivo Prioritario 2, no se toma en cuenta a uno de los actores claves, que son los maestros, cuyas organizaciones, tanto gremiales como profesionales, no han sido partícipes.
Foto tomada de semana económica
[1] Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú
