Perú quiere privatizar, Chile fracasa en su privatización del agua

Lic. Luis Isarra Delgado

Secretario General  FENTAP

E l gobierno de Martín Vizcarra publicó el pasado 13 de julio el D.S. 214 -2019 EF, donde se pone a la venta un mínimo del 30% de las acciones de las empresas no financieras, que están en el ámbito del FONAFE. Es decir, un privado puede comprar el 30, 50 o el 100% de las empresas públicas que todavía nos quedan. Teniendo como uno de sus objetivos la venta de la principal empresa de agua del país Sedapal. Los trabajadores venimos rechazando en distintos espacios y foros el D.S 214-2019-EF, así como el Decreto Legislativo No. 1280 y exigimos su inmediata derogatoria.

Siempre es bueno recordar las fracasadas experiencias de privatización en nuestro país y el mundo para entender lo que podría pasar si dejamos que el D.S. 214 se aplique. El año pasado, volvió al sector público la empresa de agua de Tumbes, luego de 13 años de concesionada a tres distintas empresas, de Argentina, Colombia y España que significaron un total fracaso en la región.

Si vas para Chile

Siempre nos han querido vender el modelo chileno como ejemplo a seguir en la privatización de las empresas del agua, a pesar de que los propios trabajadores chilenos del agua y saneamiento nos advertían ¡No sigan nuestro modelo!, veamos algunos casos recientes.

Dos días antes de la publicación del D.S. 214, en Osorno, capital de la provincia de Los Lagos, en el sur de Chile, la población se quedó sin servicio de agua y saneamiento por negligencia de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), que derramó 1,100 litros de petróleo en el suministro de agua, ahora exigen el cese de la privatización de Essal.El presidente de Chile, Sebastián Piñeira, suspendió su viaje a EEUU y tuvo que declarar la emergencia sanitaria con un plan de contingencia y enviar 133 camiones cisterna y 229 estanques para surtir a los 200.000 habitantes de la ciudad. Pobladores afectados crearon un movimiento por “la recuperación del dominio del agua para el Estado”.

Essal es una empresa de propiedad de Aguas Andinas (subsidiaria de Aguas de Barcelona, España), que es la empresa que abastece de agua a Santiago y otras regiones de Chile. Aguas Andinas estuvo involucrada en el financiamiento irregular de la política y de candidatos a la presidencia de Chile en varias elecciones. Un caso similar al de Odebrecht en Perú y otros países, “te financió para después cobrarte”.

Sin embargo, este apoyo a políticos chilenos no ha evitado que el Tribunal Constitucional de Chile, rechazará el recurso de inaplicabilidad con el cual la sanitaria esperaba evitar, o limitar, la multimillonaria multa por los cortes de suministro que afectaron en febrero y abril de 2017 a un total de 1.183.241 clientes en Santiago. La multa que deberá devolver a los usuarios asciende a 23.830 millones de dólares. Los vínculos de Aguas Andinas con el poder político chileno se reflejan que uno de sus abogados en el juicio fue el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza y ahora su estudio jurídico se hará cargo de la defensa de Essal tras la decisión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de ordenar dos procesos en su contra y la apertura de un expediente de caducidad de la concesión por el derrame de petróleo a la red de agua potable.

Ante la política privatizadora, del presidente Vizcarra, de las empresas de agua del Perú

Dado el actual marco legal y ante el fracaso de la concesión de la Empresa Prestadora de Servicio – EPS – de Tumbes, el Gobierno privatizador promueve el negocio más rentable, la concesión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR – y plantas desaladoras, cuyos contratos de concesión serán firmados antes que se vaya este gobierno y administra los recursos públicos para la ejecución de obras de agua y saneamiento, a través de las EPS intervenidas por el  Régimen de Apoyo Transitorio -RAT-, el Programa Agua Segura para Lima y Callao, y los Programas de Saneamiento Urbano y Rural.

 Ante esta realidad, la FENTAP ha presentado la demanda de inconstitucionalidad contra el D.L. N° 1280, el pasado 19 de julio del 2019, por ser una norma privatizadora, centralista, intervencionista e inconstitucional, la misma que cuenta con el respaldo de los trabajadores de las EPS y de los usuarios a nivel nacional. Exigiendo al Gobierno de turno, el apoyo técnico y financiero para contar con una gestión pública, moderna, eficiente y sin corrupción, en beneficio de todos los peruanos.

Foto Referencial: LaRazón.pe