La política laboral en el candelero
Escribe: Enrique Fernández–Maldonado
¿Qué lugar ocupa la recientemente aprobada Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) en la actual crisis política? ¿Cómo se articula ésta con la Ley de Promoción Agraria (LPA), prorrogada nuevamente hasta el 2031? ¿Cuáles son sus implicancias para la economía y la sociedad? Dentro de las varias que pueden listarse, destaco dos.
Una primera está relacionada con la orientación de la PNCP y de la LPA. En ambos casos se plantea un relajamiento de los derechos laborales, en el entendido de que así se promueve el empleo y la formalidad laboral. En el caso de la PNCP, la mira está puesta en el derecho a la reposición en casos de despido arbitrario. Para algunos sectores empresariales, eliminar la histórica sentencia del Tribunal Constitucional les aseguraría que dirigentes incomodos no sean repuestos por mandato judicial. La LPA, por su parte, constituye el modelo de regulación al que aspira la gran empresa. “Esta debería ser la Ley General de Trabajo”, declaran sus principales voceros. Es decir, una legislación que aminora derechos laborales.
Si a estas normas se suma la iniciativa para “prorratear” las gratificaciones, tenemos un escenario en el que la derecha económica y el MEF buscarían introducir “candados” a la legislación laboral, ante la eventualidad de un próximo gobierno que opere por fuera del “libreto” neoliberal. Su temor no es infundado: en la primera etapa del periodo de Humala, sin llegar a ser un gobierno progresista, se aprobaron políticas que favorecieron a los trabajadores e irritaron al sector empleador. Es el caso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el arbitraje potestativo.
La segunda implicancia tiene que ver con el escenario político. Tanto la CGTP como la CUT (y otros sectores sindicales) han manifestado su oposición a la PNCP y a la LPA, convocando a los trabajadores y a la ciudadanía a movilizarse en contra de ellas.
Sin embargo, esta situación las coloca ante una disyuntiva: avanzar en el cuestionamiento a la política económica de Vizcarra (expresada en su PNCP), podría debilitarlo en su confrontación con la mayoría fujiaprista. De hecho, hoy por hoy, Vizcarra es el único actor político en condiciones de frenar la avanzada pro impunidad y el boicot contra el proceso anticorrupción. Ni la izquierda ni el movimiento social (aún) resultan gravitantes en la agudización y salida de la crisis. La paradoja está en que “oficialismo” vizcarrista y la “oposición” fujimorista convergen en lo económico y laboral. Muy al margen de lo que exigen y proponen los sectores sociales, incluidos los organizados. Un claro ejemplo de ello es la prórroga de la “Ley Chlimper” aprobada por una mayoría multipartidaria, a pesar de los diversos cuestionamientos locales e internacionales (algunos de ellos generados en el marco de los TLC con los Estados Unidos y la Unión Europea).
¿Es posible mejorar la situación de los trabajadores con el actual Congreso? No hay forma. ¿Es necesaria otra representación política de la ciudadanía? Sin duda que sí. Una nueva distribución del poder que exprese nuevos consensos políticos y sociales. La transición hacia otro periodo de gobierno debe estar acompañada de un debate nacional sobre el modelo de desarrollo que requerimos. Y en este debate, la cuestión laboral debe recuperar centralidad y poner a la persona humana como objetivo prioritario.
Foto referencial: mvsnoticias
