Hacia la cobertura universal de la salud

A propósito del último decreto de urgencia publicado sobre salud

La cobertura universal de la salud es una condición necesaria para el bienestar de la población.  Es, además un derecho fundamental de la persona humana que el Estado debe de velar para garantizar su adecuado acceso y atención de calidad. Desde los primeros tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta los últimos instrumentos como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se demuestra la preocupación sobre el acceso a la salud con el fin de establecer lineamientos para su protección. Así tenemos que la Agenda 2030 establece como tercer objetivo el “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”[1], es decir la universalidad de la salud.

En cuanto al gasto promedio sobre salud en la región tenemos que se destina el 3.3% del PIB, el cual resulta la mitad de lo que invierten los países de la OCDE, que es en promedio el 6.2%[2]. Asimismo, el Informe Mundial sobre Protección Social 2017-2019[3], señala que el 56% de la población de zonas rurales en el mundo carece de cobertura legal de salud, frente al 22% de las poblaciones urbanas. A ello, se suma que existe un déficit mundial de personal de salud de 10.3 millones de trabajadores para brindar una adecuada atención en salud.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, desde sus Convenios ha brindado protección social al derecho de la salud de los trabajadores. Uno de sus últimos instrumentos y más actuales es la Recomendación Nº 202 “Sobre los pisos de protección social”[4], donde se establece que los pisos de protección social deben de incluir garantías básicas en materia de seguridad social que aseguren un mínimo durante el ciclo de vida de las personas para que acceder a la atención en salud esencial a nivel nacional, entre otros.

Asimismo, y ante la necesidad de fomentar la universalidad de la protección social, el Parlamento Andino debatió y aprobó la Recomendación N° 378: “Sobre los Pisos de Protección Social para los trabajadores andinos”, de autoría del parlamentario andino Alan Fairlie, instrumento internacional que hace un llamado a reconocer la necesidad de implementar las gestiones que sean necesarias, para garantizar los pisos de protección social para los trabajadores andinos.

Si bien  a nivel internacional se viene debatiendo sobre las posibilidades de brindar una adecuada atención universal de la salud debido, a su vez, a los altos índices de informalidad laboral que genera la desprotección de este derecho a la mayor parte de la población; en nuestro país, hace unos días fue publicado el Decreto de Urgencia Nº 017-2019 “Decreto de Urgencia que establece medidas para la cobertura universal de Salud”, el cual pretende atender la problemática de la salud, que actualmente se encuentra fragmentada.

Este decreto, señala que tiene como objeto “establecer medidas urgentes para garantizar la protección del derecho a la salud a través del cierre de la brecha de población sin cobertura de seguro en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”, así como la conformación de una Comisión Multisectorial que elaborará los planes de salud, señalando que el financiamiento estará a cargo del presupuesto institucional del Ministerio de Salud y del SIS.

Lo que preocupa de este decreto es como se implementará la cobertura universal de la salud en nuestro país, donde la salud está colapsada, donde existe alto déficit de infraestructura, de materiales y maquinaria necesaria, así como la falta de profesionales de la salud. Además de que la mayoría de médicos tienen que operar en condiciones deficientes, y los pacientes se quejan por la falta de medicamentos y la demora en otorgar las citas.

Se reconoce que el Estado asuma la cobertura universal de la salud, pero ésta no puede quedar en un decreto que no se pueda implementar o que no otorgue una atención de calidad. No se puede cargar todo el financiamiento a las instituciones que ya vienen con graves problemas en materia económica como es el Ministerio de Salud y el SIS, el gobierno debió de otorgar un presupuesto adicional, caso contrario, todo quedará en buenas intenciones pero vacías de contenido.

Foto: elregionalpiura.com


[1] ONU. (2015). “Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible”. (p. 13)

[2] OIT. (2018). “Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe”. (p. 14)

[3] OIT. (2017). “Informe Mundial sobre Protección Social 2017-2019”. (p. 115).

[4] OIT. (2012). “Recomendación Nº 202 “Sobre los pisos de protección social”.

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