Disolver el Congreso, no la política económica
En los últimos meses se agudizó la contradicción entre Ejecutivo y Congreso, lo que ha llevado finalmente a la disolución del mismo. No fueron capaces de manejar sus contradicciones secundarias, planteadas en temas de lucha anticorrupción, reforma política y judicial. (sobre las dos últimas el Congreso había hecho concesiones varias). La población mayoritariamente se alineó con Vizcarra en esos puntos, inclusive en el cierre del Congreso.
En lo que el gobierno y Legislativo estaban juntos, era en buscar la profundización del modelo económico, como se evidencia con el apoyo a las políticas y plan de competitividad y productividad, que hacían suyas las propuestas de la Confiep y organismos multilaterales.
Mayores facilidades para la inversión (principalmente extranjera), más APPs sin adecuada regulación, recorte de derechos laborales, flexibilización de estándares ambientales, persistencia en el modelo primario exportador y las “ventajas comparativas”. Sin políticas para la agricultura familiar, ni la pequeña y mediana empresa, que contribuyan a la diversificación productiva, con innovación, ciencia y tecnología; y la combinación de políticas comerciales e industriales que la hagan posible. Algunos objetivos plausibles, pero insuficientes. En general, malos instrumentos que no llevan a un crecimiento inclusivo, sino a más de lo mismo, que no ha funcionado para los más vulnerables y necesitados.
Esa profundización del modelo, junta a los poderes fácticos y los actores políticos de la escena oficial, afectando el bienestar de la población. Esta lucha por sus derechos en una situación asimétrica y de polarización creciente, que es respondida con la represión y la criminalización de la protesta, encarcelando a líderes sociales y políticos. Esa es la contradicción principal.
Los grupos empresariales preferían que su proyecto sea liderado por aliados más cercanos, como el presidente del Congreso y la vicepresidenta. De allí el apoyo otorgado a los mismos en la crisis actual. Dado el apoyo de la población y las Fuerzas Armadas a Vizcarra, tendrán que contentarse con su segundo mejor.
El realineamiento de fuerzas, es clave. Los poderes fácticos buscarán renovar su vínculo con el Ejecutivo, para la profundización del modelo. Los trabajadores y la población afectadas, tendrán que revertir el apoyo inicial a Vizcarra por el cierre del Congreso.
Lo central es esta lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y la población, sobre todo la más vulnerable. Las fuerzas sociales y políticas que buscan un modelo de crecimiento alternativo, inclusivo, deberían trabajar por esos objetivos, aunque no se unifiquen en alianzas varias. Si lo que prima son los intereses políticos particulares o de grupo, el movimiento popular será derrotado con mayor facilidad, generando un importante retroceso en sus derechos. Se debe ofrecer una alternativa programática y política a la población. La mejor fórmula para salir del entrampamiento, es que la población elija democráticamente el camino a seguir: la profundización del modelo o un nuevo rumbo para la República del Bicentenario.
A pesar de las debilidades y problemas del movimiento social y progresista, los poderes fácticos temen que una salida democrática de la crisis modifique el status quo. Por eso no dudarán en apoyar salidas autoritarias, o la intervención de poderes u organismos internacionales, que configurarían el peor escenario para la población y la República.
Debemos evitarlo.
