BRECHAS EN EL FINANCIAMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Alan Fairlie Reinoso
La Organización Internacional del Trabajo ha publicado una reciente Nota Informativa “Brechas en el financiamiento de la protección social: estimaciones mundiales y estrategias para los países en desarrollo en el contexto del Covid-19 y más allá”[1]. En la cual señala su preocupación ante los posibles retrocesos en la implementación de los pisos de protección social, conforme a la Recomendación N° 202 de la OIT, y las metas 1.3 (sobre la protección social) y 3.8 (sobre la cobertura universal en salud) de los ODS. Los cuales promueven que se garantice el acceso universal a la seguridad social, tan vital en plena crisis que vivimos producto de la pandemia del Covid-19. En ese sentido, analiza la profundización de las brechas en el financiamiento de la protección social y propone medidas a tomar en cuenta por los países en desarrollo y de bajos recursos, que están siendo los más afectados.
Datos:
Según la OIT, antes de iniciar la pandemia solo el 45% de la población mundial estaba protegida por al menos una prestación de protección social. El resto, cerca de 4.000 millones de personas, no tenían acceso a ningún tipo de protección. Con la pandemia esta problemática se agravó, aumentando la brecha del financiamiento de la protección social hasta un 30% en promedio a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe a un 27.9%. Lo cual fue generado por la mayor demanda de acceso a los servicios de salud, y la protección de la seguridad de los ingresos para los trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo; y, al descenso del PBI causado por la crisis.
La OIT, en el estudio que ha realizado sobre las brechas en el financiamiento de la protección social, ha establecido que en el caso de los países en desarrollo, se necesitaría una inversión adicional de 1.2 billones de dólares, es decir un 3,8% de su PBI para subsanar la brecha anual en el financiamiento en 2020. Mientras que en el caso de los países de bajos ingresos les corresponden 77.9 miles de millones de dólares, lo que equivale al 15.9% de su PBI.
Propuestas a nivel fiscal para cubrir las brechas de protección social
La OIT propone ocho estrategias diferentes para que los países puedan ampliar el espacio fiscal que les permita cubrir las brechas de protección social. Sin embargo, indican que lo esencial es tener la voluntad política y buscar la mejor combinación en el contexto nacional, para ello el diálogo nacional es necesario, comprendiendo a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores[2].
- Extender la cobertura de la seguridad social y las cotizaciones sociales
- Aumentar los ingresos fiscales
- Eliminar los flujos financieros ilícitos internacionales
- Reasignar el gasto público
- Utilizar las reservas fiscales y las reservas de divisas del banco central
- Gestionar la deuda: endeudamiento o reestructuración de la deuda soberana
- Adoptar un marco de gestión macroeconómica más flexible
- Incrementar la AOD y las transferencias
Asimismo, señala que se deben promover propuestas de fuentes de financiamiento innovadoras, que comprenden, “los impuestos sobre el comercio de las grandes empresas de tecnología, la tributación unificada de las empresas multinacionales, los impuestos sobre las transacciones financieras o los billetes de avión, o un impuesto a las grandes fortunas. La lucha contra la evasión y el fraude fiscal de las empresas, (…)”[3], entre otros. Sumado a ello, las donaciones voluntarias y los compromisos derivados de la responsabilidad social de las empresas del sector privado.
Concluyendo que los gobiernos, los interlocutores sociales y otros actores en los planos nacional e internacional deberían examinar diversas líneas de actuación, como ampliar el espacio fiscal nacional, reforzar las AOD, que las instituciones financieras internacionales respondan de sus compromisos de desempeñar un papel más significativo para asegurar el espacio fiscal necesario para el gasto social, y trabajar los planos nacional, regional y mundial con todos los actores.
Balance
La seguridad social es un derecho humano que no ha sido plenamente garantizado a nivel mundial y que esta crisis ha develado sus serias limitaciones. Teniendo en cuenta la necesidad de reforzar los sistemas de protección social, asegurando la sostenibilidad financiera y fiscal, presenté y fueron aprobados en el Parlamento Andino dos instrumentos normativos: 1) Recomendación N° 378 “Sobre los Pisos de Protección Social para los trabajadores andinos”, basado en la Recomendación N° 202 de la OIT; y, 2) Marco Normativo “Garantías Mínimas de Seguridad Social, Pensiones y/o Jubilaciones en los Países Andinos”que busca impulsar en la región andina políticas públicas que promuevan el acceso universal a la seguridad social a todas las personas, e insta a los gobiernos velar por su cumplimiento, a fin de que todas las personas gocen de una vida digna y de calidad. Instrumentos que he puesto a disposición de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y las centrales sindicales para que se tomen en cuenta en los debates pertinentes.
[1] Véase en: https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_755486/lang–es/index.htm
[2] OIT. (2020). “Brechas en el financiamiento de la protección social: estimaciones mundiales y estrategias para los países en desarrollo en el contexto del Covid-19 y más allá”. p. 5.
[3] Ibíd. p. 7
Foto: Defensoría del Pueblo
