Asamblea Constituyente: construir un nuevo pacto social para el Perú del Bicentenario

Crisis sistémica

La crisis es grave. Lava Jato fue un factor externo que desnudó los vínculos mafiosos sector privado-estado en la gestión pública, el pago de favores y una nula regulación de la inversión. La captura del Estado por los poderes fácticos, sirviendo sus intereses y no los de la Nación.

Los audios del CNM, fueron un factor doméstico, que evidenció la magnitud institucionalizada de la corrupción. Sobornos y pagos de favores en temas penales, civiles, y empresariales, que aún no se difunden plenamente. Con deudas tributarias judicializadas, multas de reguladoras no pagadas, todavía no se conoce públicamente la dimensión económica de la corrupción.

No se trata de la crisis del poder judicial, es solo la punta del iceberg. Si juntamos los dos fenómenos, está en crisis no solo la moral de la República, sino su viabilidad institucional.

De la primera, salimos con la vacancia del Presidente (formalmente renunciado), y el primer vice-presidente asumiendo constitucionalmente, a pesar de los agoreros, interesados, o no. De la segunda, no saldremos con la reforma del CNM o su reorganización, ni siquiera la del poder judicial. Se requieren cambios profundos también en las reglas de juego de la sociedad, se necesita un nuevo pacto social.

La desregulación extrema y la fé en las “fuerzas invisibles” del mercado, están a la base del problema. La desnacionalización y el “capitalismo de amigos”, crearon una gran crisis institucional y corrupción, alimentada por factores externos e internos.

El “milagro económico peruano”, no fue más que una ilusión alimentada por un crecimiento basado en los buenos precios internacionales, flujo de capitales y baja tasa de interés internacional. Un ciclo más largo siempre dependiente de divisas, un ciclo de bonanza, que se revirtió. Oportunidad una vez más desperdiciada, como episodios previos de la historia económica peruana.

El modelo se plasmó en la constitución del 93, y se mantuvo. Pero la corrupción de los noventa en el periodo de las privatizaciones, también. Gobiernos sucesivos lo profundizaron, a pesar de las promesas de cambios responsables o grandes transformaciones. Pero, la corrupción tejió redes que parecen sistémicas, y lava jato y los audios del CNM, los han visibilizado.

Gobierno Vizcarra

Ha tenido aciertos y gestos importantes. No solo la respuesta a la crisis del CNM, pidiendo la remoción de sus titulares, también en otro temas como contratos petroleros en el mar, los octógonos para la alimentación saludable, la prioridad en la reconstrucción, la voluntad política y el intento de profundizar la descentralización, retomar la agenda de la diversificación productiva, los CITEs. Esto va en la dirección correcta, marca relativa autonomía frente a poder económico y plantea matices al modelo en curso.

Pero, se mantiene el privilegio a la inversión extranjera sobre estándares ambientales o laborales, tratando de sacarlos aún sin licencia social. También la privatización con las APPs y obras por impuestos, incluso en actividades típicas del estado, aun en la concepción liberal. Es decir, en la práctica seguir aunque aparentemente de forma culposa, con el modelo en curso.

Si esto se consolida, tendremos no solo conflictos socio-ambientales y territoriales, sino que el gobierno perderá la legitimidad que le queda.

Si bien los precios internacionales y el aumento de la recaudación dan un respiro temporal, si no se resuelve la crisis política, también afectará la economía. No queda mucho tiempo ni margen. El gobierno debería afianzar las medidas que inicialmente reseñamos, corrigiendo aquella políticas que “profundizan” el modelo.

Nuevo pacto social

Por lo señalado, se requiere hacer cambios profundos a la situación actual en el plano económico e institucional. Se puede hacer con un “golpe de masas” como ocurrió en otros países, cuando los canales oficiales se cerraron, o en el momento en el “que se vayan todos”, no sea solo una consigna, sino realidad.

No pensamos que sea la mejor opción, pero puede adquirir mayor probabilidad, si el gobierno no toma las decisiones correctas, y polariza el país con el mismo modelo.

Otra opción es que el Congreso actual implemente algunos cambios. Pero, es pedir peras al olmo. No solo porque está totalmente desprestigiado, sin legitimidad, sino que la mayoría actual no hará grandes cambios, a pesar del gesto del voto unánime para descabezar el CNM. El problema de fondo, es que no representa la actual correlación de fuerzas del país.

Una tercera opción, es convocar una Asamblea Constituyente. Se dedicaría a dar respuesta a los problemas, con renovada legitimidad. Se tendría que permitir la postulación de fuerzas nuevas, o facilitar la los partidos con actual inscripción. Por ejemplo, en el caso de las fuerzas progresistas se podría reeditar candidaturas abiertas con elecciones primarias.

Se elaboraría una nueva Constitución para el siglo XXI, para el Bicentenario de la República. Así, el Presidente encabezaría la transición ordenada hacia un nuevo gobierno y Congreso, tan pronto la Constituyente termine su tarea. Ese sería el escenario óptimo.

Pero, pueden desencadenarse varias alternativas entre este y el “golpe de masas”, según lo definan el actuar de los actores sociales y políticos. El gobierno podría dar una buena noticia al país, este 28 de Julio.