ALC: Implicaciones sociales de la pandemia
Alan Fairlie Reinoso
En un reciente documento publicado por el BID: “Implicaciones sociales del Covid-19: Estimaciones y alternativas para América Latina y El Caribe”, se realizan estimaciones acerca de los posibles cambios en la estructura social de los países de ALC debido a la contracción económica causado por la pandemia. Asimismo, se analizan cuatro intervenciones de política para encontrar dentro de estas cuál o cuáles son las que tienen mayor potencial de amortiguar los impactos de la pandemia. A continuación, haremos un resumen de la evidencia encontrada en este documento.
El punto de partida: pobreza en América Latina y el Caribe pre-Covid
La emergencia del Covid-19 encontró a América Latina y el Caribe (ALC) en un estado de fragilidad social y económica, en contraste con el entorno favorable que caracterizó a la primera década del presente siglo.
En términos de la composición social de la población, entre 2000 y 2018, el porcentaje de la población pobre se redujo en promedio en 20 puntos, lo cual contribuyó a una expansión significativa de la clase media. Alrededor del año 2019 en promedio, la población pobre (extrema y moderada) en ALC representaba el 23.8 por ciento de la población, la clase media vulnerable el 37.3 por ciento, y la clase media consolidada el 36.2 por ciento.
Estimaciones del impacto sobre la composición por clases sociales
Para ALC en promedio, el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza extrema se incrementaría de 12.1 a 16.2 por ciento, mientras que la pobreza moderada aumentaría de 11.7 a 14.6 en promedio. Para la clase media vulnerable, los resultados sugieren un aumento de 1.8 p.p. para ALC, y una reducción de 7.6 p.p. en la clase media consolidada (véase Gráfico 1).
Para América Latina y el Caribe en su conjunto el incremento de 7 p.p. en el porcentaje de la población pobre (extrema y moderada) equivale a un aumento de 44 millones de personas en esta condición –26.2 y 17.7 millones de personas en condición de pobre extremo y moderado, respectivamente. Por su parte, la clase media vulnerable aumenta en 15.5 millones, mientras que la clase media consolidada observa una disminución de 52 millones de personas aproximadamente
Para el caso peruano se observa un aumento de la pobreza extrema de 5.9 p.p. y un aumento de la pobreza moderada de 4.2 p.p. En ambos casos, dichos aumentos son superiores al promedio de América Latina. Según estas estimaciones, alrededor de 3.4 millones de personas peruanas pasarían a ser pobres (extremos y moderados). Por otro lado, se observa una reducción de 11 p.p. de la clase consolidada, cuya reducción es mayor respecto al promedio de América Latina, y representa aproximadamente 3.7 millones de personas que dejarían de pertenecer a la clase media consolidada. En el caso de la clase media vulnerable, se muestra para el caso peruano un efecto similar al promedio para AL, lo cual representa un aumento de 529 mil personas que pasaran a pertenecer a la clase media vulnerable.
Gráfico 1
Cambios en puntos porcentuales en la distribución de las clases sociales
Intervenciones con potencial para amortiguar los impactos[1]
Se identifican 4 tipos de intervenciones de políticas:
- Implementar transferencias para los desempleados (seguro de desempleo)
- Apoyos a los trabajadores independientes
- Duplicar apoyos de programas sociales
- Recalendarización de pagos de impuestos y contribuciones de seguridad social
Los resultados para las 4 intervenciones de política exploradas muestran que la opción con mayor potencial de amortiguamiento son las transferencias a los trabajadores por cuenta propia, seguidas por la recalendarización del pago de contribuciones para los trabajadores formales. En conjunto, el costo de las 4 alternativas oscila entre 0.4 por ciento puntos del PIB para Trinidad y Tobago, hasta 4.1 por ciento para Bolivia (véase Gráfico 2).
Para el caso peruano se observa que la política con mayor potencial de amortiguamiento son las transferencias a los trabajadores por cuenta propia, seguidas por la duplicación de apoyos a programas sociales. El costo de las cuatro alternativas analizadas es de 2% del PBI.
Gráfico 2
Intervenciones para amortiguar impacto en pobreza y costo total (% del PIB)
En la Tabla 1 se muestra la relación costo-efectividad de las primeras 3 intervenciones de política exploradas. Como se puede observar en Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago, y Uruguay, la alternativa de otorgar transferencias a trabajadores por cuenta propia registra una relación más elevada, mientras que el duplicar el valor de las transferencias de programas sociales parece tener mejor balance en Honduras, Guatemala y México. Las transferencias a personas desempleadas registran mayor relación costo-beneficio en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana.
Tabla 1
Razón de costo-efectividad de intervenciones de política
Balance
De acuerdo con el documento realizado por el BID, el Perú aumentará la pobreza extrema, la pobreza moderada y la clase media vulnerable. En los dos primeros casos este aumento será superior al promedio de América Latina. La clase media consolidada también se verá afectada de manera negativa y tendrá un impacto mucho más grande que el promedio de América Latina.
Dentro de las cuatro políticas analizadas, aquellas que han tenido mayor potencial de amortiguamiento, han sido las transferencias a los trabajadores independientes, seguidas por la duplicación de apoyos a programas sociales. Asimismo, la política con mayor relación costo-efectividad ha sido las transferencias a personas desempleadas.
Es urgente adoptar medidas que enfrenten este escenario. Más aún, considerando que los países andinos- y el nuestro en particular- están entre los que mayor caída del producto y empleos ha tenido con la crisis en la región.
[1] En todos los casos se asume un período de 6 meses para la utilización de los distintos apoyos. Además, se asume una tasa de interés de cero, y que la tasa activa es igual a la pasiva, con lo que el impacto fiscal se reduce al costo administrativo de la implementación (el cual se asume de costo cero para efectos de la simulación).
Foto: El Comercio
