El protagonismo de los sectores populares en la conquista del derecho a la vivienda digna en una Nueva Constitución

Patty Cristyna Panta Ubillus. Bach. Arquitectura | Integrante de Udeal y Urbanas

La crisis política, económica y social en el Perú nos ha dejado una clara muestra de cómo opera el modelo neoliberal en el ámbito urbano, y cómo la vivienda y los espacios que estructuran la ciudad han sido objetos de mercantilización. Pero ante este escenario, se han abierto puertas a procesos reivindicativos en nuestros distintos territorios, y estos permitirán, indiscutiblemente, el mayor protagonismo de los sectores populares en la conquista de derechos fundamentales como salud, educación, trabajo y vivienda.

Hoy, existen algunos “esfuerzos” por realizar instrumentos para la “planificación” que son insuficientes, pues no se concretan en el derecho, y se basa en la búsqueda del individuo por asegurar la casa propia, y no en su búsqueda de habitar dignamente. Cuando se aprobó la ley que formaliza la propiedad informal, se renunció a la responsabilidad de asegurar protección de la vida. Con el riesgo existente en muchas zonas, las consecuencias se traducirían en pérdidas materiales e irreparables, y en la pérdida de muchas vidas. Entonces, no necesariamente esos esfuerzos institucionales benefician a los sectores populares, sino, más bien, a un sector de minorías que hacen de los derechos un negocio. 

En el contexto de la lucha por cambiar la constitución del 93 se pone en debate la importante necesidad de reconocer el derecho a la vivienda digna, para que, de esta manera, el Estado tenga la responsabilidad de promover y garantizar el acceso a la vivienda con mínimas condiciones de habitabilidad, que incluiría, con carácter importante, la dotación de servicios urbanos indispensables para la vida cotidiana.

Pero, no basta con marcos normativos y jurídicos, sino que también se debe garantizar el legítimo ejercicio del derecho para todos y todas, un esfuerzo que democratice y desmercantilice la vivienda. Y eso se dará en la medida en que se defienda la vivienda y se movilicen los sectores populares que impulsan demandas territoriales que nacen a partir de las necesidades cotidianas, tanto individuales como colectivas. En tal sentido, la conquista de estos derechos “es más colectiva que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo” (Harvey, 2012). Una gran lección que este modelo nos está dejando es que, si no se modifican las estructuras, será imposible garantizar el derecho a habitar en dignidad. Por ello, se entiende que el reconocimiento del derecho a la vivienda digna en una nueva constitución será un largo proceso, y que a quienes les corresponde protagonizar el proceso no es a la misma clase política de siempre, sino a los sectores populares del país. Son ellos los que darán legitimidad a una nueva constitución en base a los intereses de las mayorías, y quienes, a través de representantes en una asamblea, llevarán sus propuestas para el ejercicio real los derechos fundamentales. La vivienda no debe ser un privilegio, sino un derecho.  

Foto tomada de: Canal N