Parlamentario andino Alan Fairlie: “Es fundamental velar por la integridad física y emocional de nuestras mujeres y niñas, eliminando además las brechas y discriminaciones existentes”
El desarrollo de nuestras niñas y mujeres se ha visto obstaculizado no solo por los altos niveles de desigualdad social y la prevalencia de las brechas de género en el país; sino por la violencia de las cual son víctimas y la impunidad en torno a estos actos.
En el ámbito económico, se observa que las disparidades en la incidencia de la pobreza entre las mujeres y los hombres se han incrementado. De acuerdo con el Índice de Feminidad de la Pobreza de la Cepal, se ha pasado de 104,6 en el 2007 a 110.1 en 2018. Es decir que por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en el Perú, había 110 mujeres en similar situación. En cuanto a la independencia económica el 23.5% de mujeres peruanas no percibieron ingresos propios, ni estudiaron exclusivamente durante el 2018, ello implica que dependan de terceros para poder cubrir sus necesidades, así como las de sus familias, representando un gran reto en el país.
Pese a que la presencia de las mujeres en el mercado laboral peruano se ha incrementado, el 84.1% de las mujeres trabajan en sectores económicos de baja productividad y solo el 5% en sectores más intensivos, lo cual en gran parte se debe a la segmentación del trabajo, las escasas fuentes de trabajo dignos, y la vulneración de sus derechos laborales[1].
Al respecto, el parlamentario andino Alan Fairlie señaló que, “Se debe promover la participación plena de las mujeres en las economías, erradicando cualquier trato y forma discriminatoria que obstaculice su desarrollo profesional. El Estado debe velar por el cumplimento de sus derechos fundamentales, condenando todo acto de discriminación o violencia hacia ellas. Asimismo, es necesario garantizar su autonomía economía e inserción laboral, sobre todo en sectores de mayor productividad. Para ello se debe de invertir más en educación, salud, ciencia y tecnología, a fin de brindarles mayores oportunidades a nuestras niñas y mujeres”
Sin embargo, el reto y el desafío más latente que tenemos como país, es garantizar la autonomía física de las mujeres. Es decir, la capacidad para decidir libremente y su derecho a vivir una vida libre de violencia. En este ámbito, la violencia de la cual son víctimas centenares de niñas y mujeres sigue siendo uno de los principales desafíos, pues el número de actos de violaciones sexuales y feminicidios se han ido incrementando. Solo entre el 2009 y el 2018, se registraron 1204 feminicidios, y en el 2019 se presentó el mayor número de muertes (165).
Ante este contexto, el parlamentario Fairlie sostuvo: “Debemos resguardar la integridad de las mujeres, se deben establecer normativas más severas, pero sobre todo velar por el adecuado cumplimento de las mismas, nuestras autoridades deben mostrar más celeridad al momento de actuar frente a un caso de violencia de género. Por otro lado, es necesario desterrar los estereotipos sociales alrededor de las mujeres; pero, sobre todo empoderar a nuestras niñas a través de mayores oportunidades para su desarrollo”
Finalmente, el parlamentario Fairlie indico que
como parte de su labor seguirá presentando al Parlamento Andino instrumentos
normativos que busquen promover la autonomía económica de las mujeres y cerrar las brechas salariales
existentes en los países andinos.
[1] CEPAL (2019) Estructura de la población ocupada por sector de actividad económica, según sexo y por nivel de productividad y área geográfica
