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Negociación colectiva en el sector público: la gran estafa

Fernando Cuadros Luque

El Poder Ejecutivo aprobó recientemente el DU 014-2020, que regula la negociación colectiva en el sector público, en el marco –supuestamente- de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional al respecto.

En relación a la referida norma, es importante señalar lo siguiente:

  • Si bien ordena la gestión de la negociación colectiva al establecer un nivel centralizado de negociación de las condiciones económicas (principalmente remuneraciones) para la mayoría de trabajadores públicos, mantiene al grupo de trabajadores de gobiernos locales bajo el sistema de negociación colectiva descentralizada (entidad por entidad), lo cual afecta sus posibilidades de acceder a un convenio colectivo considerando que gran parte de las municipalidades cuenta con una planilla inferior a los 20 trabajadores, lo que les impide formar un sindicato y por ende reduce su poder de negociación, al tener a lo sumo delegados que los representen.
  • Limita a los trabajadores públicos a tener solo una o dos negociaciones colectivas cada cinco años, en el mejor de los casos, al establecer que los pliegos de reclamos solo se pueden presentar cada dos años y nunca en el año previo a las elecciones políticas que correspondan (generales o regionales/municipales), lo cual restringe su posibilidad de acceder a mejoras remunerativas continuas y afecta su poder adquisitivo.
  • Al establecerse que los incrementos remunerativos pactados en los convenios colectivos no podrán superar el monto máximo determinado por el MEF vía un informe económico financiero, prácticamente se desaparece el poder de negociación de los trabajadores, quedando a merced del monto determinado por su empleador, que se convierte en juez y parte.
  • Se le quita el carácter acumulativo a los convenios colectivos, lo cual implica que los trabajadores públicos van a tener que negociar nuevamente cada dos años los beneficios logrados en sus negociaciones colectivas anteriores, incluyendo sus incrementos remunerativos, lo cual es absurdo.
  • También se establecen restricciones económicas adicionales a los posibles incrementos remunerativos de los trabajadores, cuando haya una reducción de los ingresos del gobierno general por debajo de cierto umbral, si se aprueban cláusulas de excepción fiscal o si se presentan desastres naturales o antrópicos, lo que reduce aún más el poder de negociación de los trabajadores y su probabilidad de acceder a mejoras remunerativas.
  • El arbitraje, mecanismo alternativo de solución de negociaciones colectivas, no se podrá aplicar en el nivel centralizado de negociación, lo cual implica que la gran mayoría de trabajadores públicos solo tendrán como alternativa la huelga, si no llegan a un acuerdo directo con su empleador, incrementándose de esta manera los conflictos laborales.
  • Se vulnera la autonomía arbitral en las negociaciones colectivas descentralizadas, al prohibírsele a los árbitros establecer incrementos remunerativos por encima del tope señalado en el informe económico financiero por el MEF, bajo pena de recibir sanciones de diversa índole, como la exclusión del registro arbitral.
  • Se aplica retroactivamente para convenios colectivos ya cerrados o en proceso, pudiendo ser los primeros inaplicados total o parcialmente de manera temporal si afectan la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas o incluso si se cumplen otros supuestos de restricciones presupuestales coyunturales; mientras que en el caso de los segundos SERVIR designará directamente al presidente del tribunal arbitral. En ambos casos se trataría de una intromisión en la autonomía de las partes. 
  • De otro lado, solo se permitirá presentar pliegos de reclamos en el 2020 a las organizaciones sindicales que no cuenten con alguna negociación colectiva que incluya condiciones económicas en los cuatro años previos, lo cual constituye un golpe adicional a la libertad y el poder de negociación de los trabajadores públicos.
  • Por tanto, podemos concluir que la norma analizada sale del marco establecido por el Tribunal Constitucional, que señaló la necesidad de aprobar una norma que realmente viabilice la negociación colectiva de remuneraciones en el sector público, sin afectar, claro está, el orden presupuestal.

Foto: Diario Expreso

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