Corrupción, reformas y modelo.
Alan Fairlie Reinoso
La coyuntura ha estado marcada por las implicancias de los testimonios recogidos en Brasil, y las acciones judiciales en el país que tuvieron un desenlace crítico con el suicidio del expresidente Alan García.
Una crisis que abarca a todos los gobernantes y partidos políticos de las últimas décadas, dirigentes empresariales y empresas, Poder Judicial, prensa e instituciones tutelares del estado. Desde diferentes ideologías y posiciones políticas, ha primado la búsqueda del aprovechamiento personal por cualquier medio, dejando en el camino la construcción de una estrategia de desarrollo que permita al país y su población un crecimiento inclusivo y bienestar.
Es una crisis sistémica, frente a la cual responden individuos o grupos, de estos mismos estamentos e instituciones, que actúan hasta donde les es posible, con el marco legal vigente. Demandas de reforma judicial y política surgen desde distintos lugares, incluidos el ejecutivo y el Congreso. Ambos desprestigiados, con pérdida de apoyo popular y legitimidad, en menor o mayor grado, lo mismo que el resto. Una “junta de notables”, plantea medidas de reforma judicial que el Ejecutivo manda al Congreso y otras a referéndum. Otra “junta de notables”, recibe el encargo de elaborar una reforma política y electoral, cuyas propuestas no termina de hacer suyas el Ejecutivo, y requieren cambios constitucionales que un presidente sin partido y sin mayoría parlamentaria no puede impulsar. Algunas propuestas inclusive contrarias a lo que el país aprobó en referéndum, a instancias del propio ejecutivo.
Pero, muy pocos quieren hablar de la relación de esta crisis sistémica con el modelo económico. Ni sobre la apertura y desregulación extremas que llevaron a la concentración, el uso y abuso del poder monopólico con los consumidores, ni la captura del estado por los poderes fácticos, que privatizaron también las políticas públicas que sirven a esos grupos y no a la ciudadanía, ni los privilegios a transnacionales y gran empresa nacional para inversiones que promuevan un crecimiento primario exportador, a costa de estándares ambientales y derechos de los trabajadores, ni la elusión y evasión tributaria que genera una sangría de recursos, que permitiría financiar una estrategia alternativa de desarrollo inclusiva y sostenible. En suma, la implementación de ese modelo se dio con corrupción en la que estuvieron involucrados los gobernantes, y llevó a este estado de cosas. Pero, esa relación no se debate.
Para muchos, no solo hay que mirar para el costado. Se debe profundizar el modelo. Y, el gobierno, aprueba las políticas de competitividad y productividad entre gallos y medianoche. A pesar de las protestas de múltiples sectores, siguen viento en popa elaborando los planes que les permitirá impulsarlas, independientemente de lo que piense la población, eventualmente con el apoyo de un Congreso que ya no representa a nadie. Hacer ahora el trabajo sucio, para que la estrategia que impulsan los poderes fácticos siga en curso con nuevos gobernantes en próximas elecciones. No hagamos olas, dejemos que el gobierno de transición complete el período, señalan sus voceros.
Profundizar el modelo agudizará la crisis sistémica, los conflictos socio-ambientales, territoriales y luchas por mejoras en las condiciones de vida. Promoverá la polarización y la emergencia de posiciones extremas en el espectro político. ¿Eso queremos?
Es difícil sustentar que ese sea mejor escenario que sincerar la situación, convocar elecciones lo más pronto (habilitando posibilidad de nuevas fuerzas políticas que puedan participar) al Congreso y Presidencia, para que el pueblo democráticamente otorgue el poder a los actores que impulsen los cambios estructurales que son necesarios, y nos permitan encarar con mejor pie el Bicentenario de la República.
