APOYAMOS PROTESTA DE LA POBLACIÓN POR ALZA DEL COSTO DEL PEAJE
En Lima Norte, la población viene protestando contra el alza del costo del peaje de la vía evitamiento y la línea amarilla que fue impuesto por la concesionaria LAMSAC, a pesar de que se encuentra en proceso arbitral con la Municipalidad de Lima sobre los incrementos e incumplimientos de ejecución de obras. La Defensoría del Pueblo y la Municipalidad de Lima han solicitado que se suspenda la medida hasta que culmine el proceso arbitral.
La empresa LAMSAC es concesionaria de cinco peajes de la vía evitamiento y del túnel de la línea amarilla hasta noviembre de 2049. Ha manifestado que según la cláusula 9.9 del contrato de concesión, suscrito en el año 2009, aumentará los costos del peaje anualmente por motivos de inflación. Este sería el quinto aumento establecido por la concesionaria, inicialmente la tarifa fue de S/. 3.00 y con los sucesivos reajustes a la fecha llegó a S/. 5.70, lo que significa un incremento de más del 190%, para vehículos livianos; y, en el caso de transporte público y vehículos pesados, esa tarifa se paga por eje, siendo mayor el costo del peaje.
Hace más de un año, en Puente Piedra, la población protestó contra el alza del costo de peaje y la construcción de una nueva garita anunciada por la empresa Rutas Lima, lo que trajo como consecuencia la suspensión de dicha medida.
A pesar de que estas medidas afectan el derecho constitucional a la libre circulación consagrado en el numeral 11 del artículo 2º de la Carta Magna, las concesionarias se amparan en los contratos que los benefician y en el marco legal que tenemos. El artículo 61º del Reglamento del Marco de Promoción de la Inversión Privada (Decreto Supremo Nº 410-2015-EF), establece que la vigencia de los contratos de Asociación Público Privada (APP) puede ser hasta 60 años.
Existe la necesidad de iniciar una discusión sobre las concesiones y las APP a fin de que el marco legal no perjudique a la propia población ni permita contratos leoninos. El Estado debe de tener un rol más activo y atender esta problemática. El Congreso de la República debe poner el tema en debate, existe el Proyecto de Ley Nº 1389-2016, se pueden alcanzar otras propuestas y resolver las demandas sociales. Señalar medidas concretas como la construcción de vías alternas gratuitas para respetar el derecho a la libertad de tránsito, retirar los peajes que afecten a la población y no tengan sustento técnico, reducir el plazo de vigencia de los contratos, entre otros.
Estos, son los nuevos desafíos para el electo Alcalde de Lima, que deberá realizar una labor conjunta con el gobierno y el Congreso para atender las demandas justificadas de la población quienes se sienten asaltadas con los constantes aumentos del peaje por estas empresas.
La empresa LAMSAC es concesionaria de cinco peajes de la vía evitamiento y del túnel de la línea amarilla hasta noviembre de 2049. Ha manifestado que según la cláusula 9.9 del contrato de concesión, suscrito en el año 2009, aumentará los costos del peaje anualmente por motivos de inflación. Este sería el quinto aumento establecido por la concesionaria, inicialmente la tarifa fue de S/. 3.00 y con los sucesivos reajustes a la fecha llegó a S/. 5.70, lo que significa un incremento de más del 190%, para vehículos livianos; y, en el caso de transporte público y vehículos pesados, esa tarifa se paga por eje, siendo mayor el costo del peaje.
Hace más de un año, en Puente Piedra, la población protestó contra el alza del costo de peaje y la construcción de una nueva garita anunciada por la empresa Rutas Lima, lo que trajo como consecuencia la suspensión de dicha medida.
A pesar de que estas medidas afectan el derecho constitucional a la libre circulación consagrado en el numeral 11 del artículo 2º de la Carta Magna, las concesionarias se amparan en los contratos que los benefician y en el marco legal que tenemos. El artículo 61º del Reglamento del Marco de Promoción de la Inversión Privada (Decreto Supremo Nº 410-2015-EF), establece que la vigencia de los contratos de Asociación Público Privada (APP) puede ser hasta 60 años.
Existe la necesidad de iniciar una discusión sobre las concesiones y las APP a fin de que el marco legal no perjudique a la propia población ni permita contratos leoninos. El Estado debe de tener un rol más activo y atender esta problemática. El Congreso de la República debe poner el tema en debate, existe el Proyecto de Ley Nº 1389-2016, se pueden alcanzar otras propuestas y resolver las demandas sociales. Señalar medidas concretas como la construcción de vías alternas gratuitas para respetar el derecho a la libertad de tránsito, retirar los peajes que afecten a la población y no tengan sustento técnico, reducir el plazo de vigencia de los contratos, entre otros.
Estos, son los nuevos desafíos para el electo Alcalde de Lima, que deberá realizar una labor conjunta con el gobierno y el Congreso para atender las demandas justificadas de la población quienes se sienten asaltadas con los constantes aumentos del peaje por estas empresas.
