Necesitamos más que tres decretos de urgencia para la reforma de la educación superior

Flavio Figallo

En la entrega de la posta entre la Ministra Flor Pablo y el Ministro Martín Benavides hay un paquete de decretos de urgencia relacionados con la educación superior que muestran lo complicado de la agenda de este nivel educativo.

Comenzando por lo sencillo. Queda claro que la idea de pasar el licenciamiento de institutos a Sunedu fue una idea que no prosperó. El DU 017 define que es el Minedu el encargado y el que determinará las condiciones básicas de calidad, algunas de las cuales, a semejanza de las establecidas para las universidades, se precisan en el decreto. El Ministro, que ya tiene experiencia en el asunto, pero deberá hacerse cargo de licenciar 824 institutos superiores tecnológicos (IEST) y 184 pedagógicos (IESP), y las Escuelas de Educación Superior que se formen, una tarea siete veces mayor que la llevada a cabo por Sunedu. Éste no es el único problema, el Minedu es responsable del 47% de los institutos en el que, teniendo al medio a los gobiernos regionales, hará de juez y parte en este asunto.

Una salida es avanzar en una reforma mayor que proponga: a) Una superintendencia de formación profesional, que entre otros asuntos incluya a los Centros Técnico Productivo que constituyen una puerta de entrada adicional a la formación en los IEST, además de complemento a la secundaria ampliando su horario; b) entregar los institutos pedagógicos a las universidades, y terminar con la precaria formación instrumental de la docencia; c)  Encargar a EES Pedagógicas llevar adelante un plan de educación multilingüe intercultural; y d) convertir a los IDEX públicos (Institutos de Excelencia) en una red gestionada por un consejo directivo público-privado, con autonomía administrativa y académica al estilo Senati, pero orientada a la mediana y pequeña empresa. En este último caso el resto de IEST licenciados podrían asociarse.

Por otra parte, el DU 042 pretende resolver el problema de los estudiantes afectados por el proceso de licenciamiento abriendo la posibilidad de darles vacantes en las universidades públicas. Esta medida se suma a una anterior que pone a concurso 3,200 becas para alumnos de algunas filiales públicas no licenciadas y para los de universidades privadas no licenciadas que ya cuentan con convenios de traslado a otras universidades. La condición más difícil de cumplir para los que provienen de universidades privadas, es el requisito de estar en pobreza extrema, y ser admitido por la universidad o instituto de destino. Ambas medidas parecen insuficientes frente a la cantidad de alumnos (estimamos 80 mil) en problemas para lograr cupo en otras universidades que ya habrían llegado a su punto de saturación poniendo en riesgo las condiciones básicas de calidad que les permitió obtener la licencia.

El DU 034 prolonga la existencia de aquellas universidades públicas que no logran licenciarse luego de casi 5 años de vigencia de la ley universitaria, y que tampoco logren hacerlo luego del plan de emergencia definido por el Decreto Supremo N° 016-2019-Minedu, puedan ser intervenidas por una comisión reorganizadora para su completa reestructuración.

Desde mi punto de vista el DU 034 es una treta que deslegitima el proceso mismo de licenciamiento, y anuncia que lo mismo se hará con los institutos y escuelas superiores cuando llegue el caso. Una universidad que cuenta con todo el apoyo del Estado que no es capaz de lograr las CBC no puede licenciar. Usar los dos años que la ley le permite funcionar, para reinventarse y presentarse como nueva universidad, es lícito para públicas y privadas, y si en esta segunda oportunidad no lo consiguen, no hay cabida para una tercera ventana, exclusiva para las universidades públicas. Más ordenado sería intervenirla en la primera ocasión para cerrarla, y nombrar una comisión organizadora para una nueva universidad en los dos años que da la ley, o convertirla en filial de una universidad licenciada.

La tarea del Congreso no es tampoco sencilla, hay una enorme tarea de coordinación con el ejecutivo para definir los aspectos esenciales para construir un sistema con calidad y equidad.

Foto: U-planner