REACTIVACION ECONOMICA Y SU IMPACTO EN LA SALUD
Luis Lazo Valdivia – Coordinador Nacional de Foro Salud
La pandemia del Covid-19 en el Perú, ha generado un impacto de gran envergadura en la población a través de una crisis socio-sanitaria (sin protecciones sociales adecuadas y suficientes y con un sistema de salud colapsado desde antes que inicie la epidemia) y a la vez una crisis económico-laboral (una economía paralizada y donde se le dio soporte a las grandes empresas ligadas a la CONFIEP, se vulneró derechos laborales con la suspensión “perfecta”, y se dejó a su suerte al grueso del PEA “por su cuenta” a optar a “morir por coronavirus o morir de hambre”). Revertir todo ello, debe tener en el centro de sus objetivos la recuperación de las condiciones de vida, trabajo y salud de las personas y la comunidad, pero no al estatus anterior, que el gobierno lamentablemente iba implementando con su Política y Plan de Competitividad y Productividad.
El gobierno de Vizcarra se ha planteado una Reactivación Económica en 4 fases, desde mayo hasta septiembre de este año incluso, y en esencia a costa del levantamiento de la cuarentena y generando mayor cantidad de contagios de los que se podría tener, si las medidas de confinamiento social, estuvieran cubiertas con adecuadas políticas de protección social, que disminuya parte de la crisis múltiple anotada arriba. Los beneficios que tienen las grandes empresas y corporaciones en plena crisis, con el dinero de todos los peruanos, no tiene comparación en proporciones con lo que se ha otorgado como “beneficios” para las micro y pequeñas empresas sumándole incluso los bonos y ayuda en víveres que ha recibido ciertos sectores de la población y emprendedores de diverso tipo en todo el país.
El gran problema de las políticas del gobierno es el desequilibrio entre las políticas económicas implementadas “a ciegas y a sordas”, y las políticas sociales abandonados a un “sálvense quien pueda” en lo socio-sanitario y económico-laboral. Los recursos económicos y financieros de todos los peruanos, están sirviendo principalmente para salvar la economía de los poderosos, mientras que el principal recurso de cualquier economía, l@s trabajador@s del país, son abandonados a su suerte. Con malas condiciones de vida y de trabajo de los millones de integrantes de la PEA peruana, poca salud tendrán, igual o peor de la que tenían antes de la epidemia.
Un reto inmediato se tendrá al formular el Presupuesto 2021 teniendo a la vista la severa crisis del Sistema Nacional de Salud, afectado por las continuas políticas de desfinanciamiento que ha tenido en lustros, gobierno tras gobierno, donde no se supera el promedio anual del 2.2 % del PBI para el sector, y donde alrededor del 50 % son para remuneraciones, el 10 % que desaparece en la corrupción, y otro 10 % que se devuelve al MEF, por ejecución ineficiente. La Reforma del SNS se hace necesaria, pero ¿con qué presupuesto?, ¿qué signo tendrá?, ¿se mantendrá en sus mismos esquemas y procesos, y el mismo marco neoliberal?, ¿en el mismo modelo de salud tan ligado al modelo económico?
De hecho, se necesitará robustecer el Sistema, con una fuerte inversión pública, a contracorriente de la orientación que ya tenía Vizcarra y el MINSA, antes de la epidemia, favoreciendo las Asociaciones Público-Privadas (APPs) tan gratas a la CONFIEP. Esta inversión pública debe reforzar nuestra endeble infraestructura, equipamiento y abastecimiento de insumos y medicamentos en especial, así como dar un fuerte impulso a la formación de especialistas, y la retención en el campo laboral de todo el recurso humanos en salud (RHUS) con mejoras en las condiciones de trabajo, remuneraciones, y contratos que les formalice y orientados a su nombramiento. Por supuesto que esta inversión también debe estar equilibrada entre el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención ligado a la Atención Primaria de Salud, participación social y promoción de la salud y el fortalecimiento de Hospitales, en especial sus áreas críticas como emergencias, salas de operaciones y UCIs.
Todo esto será viable, si desde este año y los sucesivos, se inicia un proceso de reforma tributaria orientada a la justicia fiscal, donde los sectores sociales como trabajo, educación, vivienda, servicios básicos, seguridad y transporte públicos, así como la salud pública sean las privilegiadas, que eliminen el gasto de bolsillo, y sean garantes de los derechos humanos en su integralidad, tan mermados en los últimos tiempos, y afectados severamente en esta pandemia.
