Parlamentario andino Alan Fairlie señala que críticas a la Sunedu no deben ser pretexto para revertir la reforma
En el 2014, se promulgó la Ley Universitaria (Ley N° 30220) y con ella se crea la Sunedu, constituyéndose como el órgano rector del aseguramiento de la calidad de la educación superior, que ha venido evaluando las condiciones básicas para la enseñanza en la educación superior. Entre el 2015 y el 2017, 141 universidades y cuatro escuelas de posgrado presentaron sus solicitudes de Licenciamiento Institucional ante la SUNEDU; y a la fecha, 78 universidades y dos Escuelas de Posgrado han logrado obtener dicha Licencia.
Al respecto el parlamentario Fairlie señalo que el “El licenciamiento de las Instituciones de educación superior, es una herramienta que permite garantizar la calidad de la enseñanza, siendo fundamental para acortar las brechas existentes en materia de capital humano en nuestro país; además, de alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad”. Asimismo, resaltó que “Para alcanzar el desarrollo del país a largo plazo y migrar hacia un modelo económico que promueva la diversificación productiva, es necesario avanzar en la construcción de políticas y herramientas que fortalezcan los sistemas de educación superior, supervisando que estos cumplan con las condiciones mínimas”
Por otro lado, señaló que “con la proliferación de nuevas universidades en las década de los 90, la calidad de la enseñanza de educación superior en nuestro país quedó en un segundo plano, situación que debe de ser revertida en el corto plazo y en ese sentido, el licenciamiento es un buen camino para ello, no obstante, a pesar de los avances logrados en la materia, es necesario atender y mejorar otros aspectos de la educación superior como la educación a distancia”
En los últimos días, un nuevo debate ha surgido en torno a la Sunedu, ya que la comisión de Educación del Congreso de la República pretende investigarla, bajo el supuesto de presuntas irregularidades en el licenciamiento de universidades y contrataciones de personal en dicha institución. Al respecto, el parlamentario Fairlie sostuvo que “la calidad de la educación superior debe de ser una prioridad nacional, dejando de lado los intereses particulares. Este cuestionamiento no debe significar ni marcar un retroceso en el trabajo realizado, por el contrario es necesario velar por la adecuada formación de los jóvenes acorde a las exigencias del mercado del futuro, a fin de facilitar su inserción laboral.”
Foto: Sunedu
