«LA PARADOJA PERUANA» Y EL TRABAJO INFANTIL, LA OTRA CONSECUENCIA SOCIAL DEL COVID-19
Clody Genaro Guillén Albán – Sociólogo
El 06 de marzo se dio a conocer el primer caso confirmado del Nuevo Coronavirus en el Perú y, ante ello, el Gobierno actuó rápidamente, anunciando una Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional y una serie de medidas para proteger la economía; lo cual no sólo nos hizo pensar que se contaba con una estrategia definida para prevenir y controlar la expansión del Coronavirus, sino que esto nos dio la esperanza de que enfrentaríamos y saldríamos airosos de la pandemia, sin afectar la economía ni la sociedad; pero ante los resultados obtenidos, es evidente que si bien existe una estrategia, ésta no ha sido la mejor ni se encontraba definida, al punto que –tras 100 días de cuarentena– el 72% de la población opina que el Gobierno decide sobre la marcha las medidas para el combate del COVID-19.
A pesar de haber sido el primer país de la Región en decretar el Estado de Emergencia Sanitaria y, asimismo, en disponer el Aislamiento Social Obligatorio, el Perú no ha podido detener el avance del Coronavirus con ninguna de las medidas y disposiciones posteriores, habiéndose colocado en el triste sexto lugar de la lista de países con más casos de COVID-19 en el mundo, debido a la universalización de las medidas, la precariedad del Sistema Sanitario, la ineficiencia de la Red de Protección Social, la informalidad de la Sociedad Peruana y, claro está, a la corrupción que ha copado todo el Aparato del Estado; a este fracaso es a lo que ahora podemos llamar «La Paradoja Peruana».
Sin duda, esta Paradoja ha hecho evidente la conflictiva articulación de la salud pública con los intereses económicos, por lo que va a ser motivo de estudio y quizá será vista como la expresión de uno de los mayores fracasos que como país vamos a sufrir en nuestros casi 200 años de vida independiente, al punto que –de acuerdo con el MEF– las consecuencias económicas de la pandemia, podrían ser similares a las que sufrió el Perú durante la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, con las graves consecuencias sociales que ello supone.
La estrategia seguida para prevenir y controlar el COVID-19 no ha surtido el efecto deseado: el 02 de mayo los medios de comunicación decían alarmados que eran más de 40 mil los casos de contagio reportados, el 19 de junio se decía que eran más de 244 mil personas contagiadas y, a los pocos días, el 23 de junio se afirmaba que –al cumplirse 100 días de cuarentena– ya eran más de 257 mil los contagiados a nivel nacional, por lo que los especialistas en salud pública consideran inminente que el impacto de la segunda ola de la pandemia va a ser más feroz en el Perú que en muchos otros países del mundo, más aún si se tiene en cuenta que el Gobierno recientemente ha autorizado la apertura de los centros comerciales sin que se haya resuelto el problema del contagio en los mercados ni en el transporte público.
La estrategia hasta ahora ha sido ir detrás del virus haciendo diagnósticos tardíos (cuando la persona enferma ya ha contagiado), por lo que ésta deberá redefinirse, teniendo en cuenta que el Perú es un país diverso y multicultural y que –por ello mismo– no se puede continuar con la universalización de las medidas, sino que éstas deben ser focalizadas y no deben centrarse en la enfermedad sino en la persona, quien con su conducta de autoprotección y protección puede detener la cadena de transmisión de la enfermedad.
De cara al Bicentenario, el Perú enfrenta tres situaciones: 1) la situación sanitaria producto de la Pandemia del COVID-19, que –de acuerdo a las Cifras Oficiales del MINSA– ha infectado a más de 250 mil personas y –con la actual estrategia– no tiene visos de desacelerarse en el corto plazo, 2) la situación económica producto de la rápida contracción del PBI que, de
acuerdo con el Informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, caerá a –12% al término del 2020, colocándose nuestra economía en la tercera peor estimación del mundo y en el mayor colapso de Sudamérica, y 3) la situación social que, producto de las dos primeras (es decir de la conflictiva articulación de la salud pública y la economía), se caracterizará por constituir una «nueva normalidad» (o una «nueva socialidad») que, signada por la distancia física y social, girará en torno al empobrecimiento de millones de familias debido a la pérdida de los empleos de casi 5 millones de adultos, así como por el rebrote del comercio informal, el incremento de las actividades marginales de generación de ingresos, el desembalse de la delincuencia urbana y la precarización laboral.
La situación social que se nos avecina al término del confinamiento obligatorio no es la más alentadora y –lo que es peor aún– traerá graves consecuencias para los niños y adolescentes, quienes al ser los más vulnerables, producto del empobrecimiento de sus familias, pasarán del «riesgo social» al «alto riesgo de deterioro social» y, asimismo, se colocarán en un nivel de deterioro que dificultará su atención en los servicios sociales, así como su recuperación social y su integración productiva a la sociedad.
En este contexto, el trabajo de los adultos (su desplome y mayor precarización) no es la única preocupación, ya que el trabajo de niños y adolescentes se presenta como una amenaza que, al socavar las bases de nuestra endeble Sociedad del Bienestar, nos colocará –sin duda– en un franco retroceso social, pues la situación del trabajo infantil podría regresar a los niveles existentes 20 años atrás, tal como lo han pronosticado la OIT y la CEPAL en un estudio conjunto realizado en base a datos recogidos en Costa Rica, México y Perú; en dicho estudio se estima, además, que el trabajo infantil se incrementará entre el 1 y el 3 %, lo cual no es poco si se tiene en cuenta que en el Perú son casi 2 millones los niños, niñas y adolescentes que trabajan, comprometiendo gravemente su futuro.
Un dato adicional al respecto, es que, producto del empobrecimiento de las familias, como una consecuencia inevitable del término del confinamiento obligatorio, 1) habrá más niños y niñas expuestos a la mendicidad por sus propios padres o cuidadores, con un rebrote considerable del Síndrome de Munchausen, 2) habrá más niños, niñas y adolescentes que se integren a las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial y, asimismo, 3) habrá nuevos niños y adolescentes que «ingresarán a la calle» y socializarán en ella expuestos a desarrollar una serie de conductas de riesgo, comprometiendo sus Derechos a la Educación y la Salud, principalmente.
Por ello, no puede olvidarse que el trabajo infantil reproduce la pobreza, por lo que la obligación estatal de la protección de los niños, niñas y adolescentes que trabajan debe darse en una estrategia «no convencional» que, al ser anti-cíclica y habilitadora, procure su rápida «salida de la calle», asegurando su continuidad educativa y su desarrollo integral, ya que la formación y preservación del capital humano son condición esencial para nuestro desarrollo como país.
Teniendo en cuenta esto, esperemos que una nueva «Paradoja Peruana» no afecte el futuro de los niños y adolescentes y, con ello, nuestro futuro como sociedad, sino tendremos que lamentar que el trabajo infantil sea parte de nuestra realidad social en un continuo presente que nos alejará cada vez más del tan ansiado desarrollo.
FOTO: Publimetro
