Emergencia Nacional y estado de emergencia

La historia de siempre

Las lluvias y huaycos se están generalizando en el territorio nacional. No se tomaron acciones en su momento y el fenómeno nos toma nuevamente desprevenidos. Ya se verán responsabilidades más adelante, en los diferentes niveles de gobierno. Ahora, es urgente actuar. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional a cargo del INDECI, ha sido desbordado tanto por la magnitud del problema, como por la generalización del fenómeno en el territorio nacional.

Es correcto que asuma la responsabilidad una instancia superior del Estado. Se le ha asignado al Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas están desarrollando una labor ejemplar, profesionalmente y dando grandes muestras de solidaridad. Se ha visto un despliegue ordenado y con equipos, que están contribuyendo efectivamente a solucionar el problema.

Pero, hay limitaciones en que sea un sector el encargado, si bien están haciendo coordinaciones intersectoriales. Se debería dar una interacción estrecha y permanente con los gobiernos regionales y locales (no solo esporádica en el GORE). En ese sentido, hubiera sido mejor asuma políticamente la oficina del Primer Ministro, para tener un enfoque y acción transversal más fluídos. Por ejemplo, el ministro de Defensa hace un sacrificado despliegue en diferentes puntos, y anuncia la disposición del uso del satélite para los gobiernos o sectores que los necesiten.

Esto muestra, el vacío que hay en el sector innovación, ciencia y tecnología, al no tener un ministerio que al máximo nivel político ayude en la prevención de desastres y la implementación de políticas adecuadas, en situaciones como las actuales. También, la precariedad que tiene un solo ministerio, para enfrentar tamaño desafío.

Emergencia Nacional

Se necesita declarar una emergencia nacional, no sólo en los casos extremos, para facilitar así una labor integral y masiva. El COEN debería ser reforzado sustancialmente, creando un comando nacional con recursos suficientes. A nivel regional se deberían crear comandos equivalentes, para el diseño y ejecución de acciones primero con criterio territorial y luego sectorial. Los casos de Chiclayo y otros lugares muestran como hay serias complicaciones sanitarias, más allá de los daños a la infraestructura y la economía, que no pueden ser resueltos con un enfoque sectorial, y que requieren más bien algo sistémico.

EL MEF ha autorizado la reasignación de recursos y el uso hasta del 40% de recursos del canon. Es positivo, pero no suficiente. Dada la precariedad de recursos existente y la recentralización fiscal de los últimos años, se está obligando a vestir un santo desvistiendo otro. Debe aumentarse sustancialmente los presupuestos inicialmente previstos, y asignarlo a las regiones y los sectores. Se podrían crear comités consultivos donde estén sectores representativos de las regiones, que sirvan de asesoría y fiscalización en el uso de recursos. El presupuesto marginal de aumento anunciado por el MEF, es una broma de mal gusto, para la magnitud del problema.

Hay gastos e inversiones urgentes y para reparar daños, pero se podrían abordar obras de infraestructura no solo de corto plazo. Los llamados desastres naturales, se suman al ajustón macroeconómico implementado por la actual administración. Por privilegiar el cierre del déficit y el grado de inversión, se enfrió aún más la economía, cuando la inversión privada y varios sectores productivos están en rojo. La prioridad del gobierno parece ser impulsar inversiones a cualquier costo, como en el caso de Chinchero. Continuar con el llamado “destrabe”, flexibilizando mecanismos de APP, blindando funcionarios para que otorguen concesiones sin temor. Justo cuando estallan casos de corrupción por doquier por la mala implementación de estos mecanismos, se está dando una huída hacia adelante, sin tomar las cautelas que el caso amerita.

La prioridad debería ser la emergencia nacional y la reconstrucción, de la mano con los gobiernos regionales y locales. De paso, esto contribuiría a la reactivación de la economía, ya que los ánimos empresariales al parecer estarán alicaídos por un tiempo. Más aún, con las implicancias y efectos de los escándalos de corrupción, que recién comienzan a ser develados en su verdadera dimensión. Los vientos que se están sembrando, cosecharán tempestades relativamente pronto.

Todas las instituciones del sector público, privado, sociedad civil y cooperación internacional deberíamos trabajar unidos por la reconstrucción, en estos momentos difíciles.

Estado de emergencia

Mientras hay limitaciones para enfrentar la situación, como algunas de las mencionadas, si hay predisposición para declarar estados de emergencia. Así amenaza el Primer Ministro, en una carta dirigida a trabajadores y pobladores del proyecto Las Bambas que se encuentran en huelga. Estos señalan el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos. Pero, el gobierno condiciona el diálogo, al levantamiento de la huelga.

Los conflictos socio-ambientales han continuado, y posiblemente se agudicen en una coyuntura de caída de precios internacionales y enfriamiento de la economía. Peor aún, si se aprueban los 112 decretos legislativos dados por el gobierno, para la profundización del modelo en curso.

En ese escenario, están continuando con la denominada “criminalización de la protesta, y amenazan a la población con un nuevo estado de emergencia, con la escalada de violencia que eso significa. Un gobierno precario como el actual, debería priorizar el diálogo y no tomar medidas que polarizan y crean nuevos conflictos. Sobre todo, si abiertamente ya se habla de la posibilidad de vacancia presidencial, y los mecanismos constitucionales a implementar en esa eventualidad.

Se debe decretar la emergencia nacional y convocar a que todos trabajemos por la reconstrucción del país otorgando los recursos que sean necesarios de la reserva fiscal, y no decretar nuevamente estados de emergencia, que a nada bueno conducirán.

Foto: AGENCIA ANDINA