PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA POLITICA FISCAL EN AMERICA LATINA

Alan Fairlie Reinoso

La CEPAL ha publicado recientemente, su documento titulado: «Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021”. Resalta que estamos viviendo un contexto macroeconómico bastante complejo debido a la persistencia de la pandemia del COVID-19, lo que plantea una serie de desafíos a la política fiscal en la región.

Uno de los primeros aspectos señalados, es la necesidad de mantener una política fiscal expansiva. Requiere no solo de un impulso fiscal para apoyar la demanda interna en el corto plazo, sino también una visión más estratégica que permita generar las condiciones para avanzar en inversiones sostenibles, intensivas en empleo, así como encaminarse hacia la transformación productiva y el fortalecimiento de los sistemas de protección social.

En ese sentido, se destaca la importancia de orientar los esfuerzos de inversión pública hacia sectores que tiendan a reducir el impacto ambiental de las actividades económicas, promoviendo además la creación de empleos productivos de alta calidad y promuevan el desarrollo de cadenas de valor. Estos sectores podrían convertirse en catalizadores de un cambio estructural que se pueda dar de forma gradual: la transición a energías renovables no convencionales; la movilidad sostenible y el espacio urbano; la revolución digital para el desarrollo sostenible; la industria manufacturera relacionada a la salud; la economía circular y la bioeconomía, así como la industria del turismo.

Gráfico N°1: Sectores estratégicos para la sostenibilidad en ALC

Por el lado de los ingresos, se establece que es necesario fortalecer la capacidad de recaudación de los países por medio de una política tributaria más progresiva, que permita ampliar el espacio fiscal y que tenga un impacto positivo en la mejora de la distribución de los ingresos, y la sostenibilidad fiscal. Para ello, una de las medidas se debe centrar en los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad.

Complementariamente, se debe insistir en tomar medidas necesarias para lograr mayor recaudación y contar con sistemas tributarios más justos y robustos, como son: lucha contra la elusión y evasión tributaria ( en el caso dela evasión solo el 2018 representó 6.1% del PBI regional) ,evaluación de los incentivos fiscales, reforzar el impuesto sobre la renta de las personas, y la aplicación de impuestos a la economía digital, impuestos verdes.

Sin embargo, hay algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta para el diseño e implementación de estos impuestos: equidad vertical y horizontal, ahorro e inversión, cumplimiento tributario, y la capacidad de la administradora tributaria. Uno de los aspectos más relevantes para poder lograr el mayor potencial de la aplicación de un impuesto al patrimonio, es la disponibilidad de la información sobre las propiedades de los contribuyentes, lo cual resulta siempre una limitante a la luz de las experiencias existentes.

Otro aspecto importante, es la cooperación internacional y la disponibilidad de liquidez que se pueda lograr en el marco de las negociaciones multilaterales. Hace poco, el G20 aprobó que el FMI aliste una asignación especial de Derechos Especiales de Giro (DEG) con motivo de la crisis que vienen atravesando los países en desarrollo, para lo cual se emitirán el equivalente a unos 650 mil millones de dólares a nivel global, correspondiéndole a cada país un monto determinado de acuerdo a su participación en el organismo[1]. Sin embargo, muchos países desarrollados no tienen la necesidad de estos recursos, por lo que se propone que se haga una reasignación en beneficio de los países que realmente necesitan liquidez. La banca de desarrollo podría cumplir un importante rol para canalizar y apalancar recursos, asegurando una mayor cooperación entre estas instituciones, con una mayor capitalización y con normas crediticias más flexibles.

Gráfico N°2: Principales características de los Derechos Especiales de Giro

Fuente: Cepal

En cuanto a la deuda externa, la reciente iniciativa de alivio de la deuda para los países de menores ingresos (DSSI, por sus siglas en inglés)[2] es también una iniciativa importante pero insuficiente. Se debería de incorporar entre los beneficiarios a los países de ingresos medios en estos alivios, al mismo tiempo que extender el alcance a todos los acreedores, lo cual aseguraría una intervención más integral. Pero, además se debe plantear la implementación de mecanismos de reestructuración de las deudas que asegure la participación equitativa de deudores y acreedores, con reglas claras y predecibles.

Finalmente, a la luz de los análisis y hallazgos en materia de fiscalidad y género, se plantean algunos lineamientos para contribuir con el fortalecimiento del enfoque de género en las políticas fiscales de los países, abordando de esta forma uno de los aspectos de las desigualdades existentes en la región. Entre estos lineamientos tenemos: evaluación de los efectos diferenciados en hombres y mujeres de los sistemas tributarios; generación de estadísticas tributarias desagregadas por sexo e información sobre el gasto púbico con incidencia en cuestiones de género; incorporación del enfoque de género en los presupuestos por resultados y en las compras públicas; y potenciar el uso de fuentes de financiamiento público innovadoras relacionadas con el cierre de brechas de género.

Finalmente, y a modo de conclusión la CEPAL plantea que los países de la región trabajen los siguientes ejes:

Gasto público como instrumento de desarrollo requiere vincular la emergencia con una reactivación transformadora: a corto plazo con transferencias e ingresos de emergencia y apoyando a sectores productivos y a mediano plazo con la mira hacia la universalización de la protección social.
Mecanismos multilaterales de renegociación de deuda para países de renta media y complementar liquidez con iniciativas e instrumentos innovadores.
Impuestos a la solidaridad o a la riqueza a quienes han obtenido ganancias sustanciales durante pandemia para financiar la emergencia.
Trayectoria sostenible de gasto público con políticas tributarias dirigidas a eliminar la evasión, replantear los gastos tributarios, consolidar impuestos directos a la renta propiedad y patrimonio, impuestos verdes y a la economía digital.
Pactos fiscales/políticos que contribuyan de forma sinérgica al crecimiento con inversiones hacia la acción climática con empleo decente, que asigne recursos a la economía del cuidado y la inclusión de género

[1] https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/23/pr2177-imf-execdir-discuss-new-sdr-allocation-us-650b-boost-reserves-help-global-recovery-covid19

[2] https://www.bancomundial.org/es/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative