El feminicidio debe ser una urgencia para el país
Nury García Córdova
Desde el 9 de octubre del 2019 hasta el 23 de enero de este año, el ejecutivo ha emitido 67 decretos de urgencia (DU), que la Comisión Permanente del Congreso deberá analizar, aprobar y derivar al Congreso recientemente elegido para su revisión. El mayor porcentaje de los DU están en el sector de economía, 22%, con medidas que favorecen a las grandes empresas, pero a costa de los derechos laborales, de la sostenibilidad de las finanzas públicas y la provisión de adecuados servicios a la población. El resto de decretos tratan sobre infraestructura, educación, trabajo, salud, transporte, inversión pública, seguridad, cultura, transparencia, planificación y vivienda, agua y saneamiento.
Respecto a la violencia de género, por cuestión de espacio, me remitiré sólo al DU 005-2020 que establece una asistencia económica bimensual de 600 soles, para la protección social y el desarrollo integral de a los familiares que dependen directamente de las mujeres asesinadas, como los hijos, hijas las niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
El decreto ha sido aprobado por unanimidad por considerarse acorde con la constitución e idóneo para garantizar una asistencia mínima. El Grupo de Trabajo que emitió el informe, recomendó la modificación del decreto y su reglamento en aspectos como la otorgación de asistencia, la cual no debiera exigir calificación judicial y debiera seguir a cargo del Ministerio de la Mujer; que tal subsidio no impida recibir otros, como beca 18 o programa Juntos; además, el MEF deberá desplegar, cuanto antes, el presupuesto necesario para su implementación.
Si bien con esta norma se pretende responder al alarmante aumento de feminicidios, cabe señalar, como lo han manifestado diversas organizaciones y defensoras feministas, que, sin un abordaje integral de parte del Estado, este gesto bien intencionado puede quedarse bajo la lógica de la indemnización asistencial. De ser así, se corre el riesgo de desviar responsabilidades respecto a la condición de vulnerabilidad estructural en que nos encontramos las mujeres.
Un feminicidio no surge de la nada, surge de relaciones de género letalmente violentas que se han naturalizado a tal punto que influyen en la forma en que jueces, fiscales y otras instancias del Estado perciben y abordan la violencia contra las mujeres. Esto supone, entonces, batallas contra la cultura patriarcal que niega que los crímenes de género deban tener carácter de urgencia para el país. Implica también reformas normativas e institucionales, de estrategias y servicios, como del sistema de justicia, la PNP, DEMUNAS, para superar la negligencia cómplice ante delitos de feminicidio. En este sentido, el DU no plantea medidas de prevención, reparación y restitución de derechos negados; medidas de compensación del daño y algo urgente: la no repetición de casos como el de Solciret Rodríguez que, como a tantas mujeres, se le debió garantizar una vida libre de violencia y no la brutal indiferencia frente a la crueldad capitalista patriarcal. El gobierno debe atender las demandas que van en este sentido e ir hacia un Programa de atención integral para las víctimas directas e indirectas de la violencia de género, la reestructuración del Programa nacional contra la violencia hacia la mujer, entre otros. Como feministas y educadoras populares, toca seguir bregando por una emancipación que cuestione y vaya quebrando las prácticas opresivas con todos los sectores populares, con las explotadas, oprimidas, silenciadas, desaparecidas, asesinadas.
Foto: El País
