Gobierno: de crisis en crisis

Alan Fairlie

El gobierno no va bien. Antes tenía el Congreso obstruccionista como pretexto, luego de la disolución se quedó sin ese argumento. Los decretos de urgencia deberá revisarlos el nuevo Congreso, pero tuvo-siempre-los instrumentos de política económica, social y en diferentes ámbitos, que un Ejecutivo puede utilizar.

La economía ha tenido la menor tasa de crecimiento en dos años, la inversión privada no repunta y veremos si la inversión pública logra un impulso sostenido (luego del innecesario sobreajuste realizado). La reconstrucción del norte sigue con problemas, y ya llegaron los nuevos huaycos en todo el país. La coyuntura internacional tampoco es la mejor. Lamentablemente, varios de los ministros no dan fuego y tienen-salvo contadas excepciones-gestiones con limitados logros.

Los problemas cotidianos de la salud, los colegios, las medicinas, pensiones, salarios, demandas regionales, no son atendidas con prontitud ni con los recursos que se necesitan. Se evidencia el uso y abuso del poder monopólico u oligopólico de las transnacionales y gran empresa en varios mercados, que afectan directamente a la población. Tampoco se aborda la solución de esos problemas estructurales, y se insiste en el plan de “competitividad y productividad” que profundiza el modelo, para lo que varios de los decretos de urgencia han servido de instrumento.

El gobierno tomaba medidas de impacto o efecto mediático, en algunos casos respondiendo a demandas de la población, como el tema de la corrupción. En otros con muchas críticas, como el caso de la seguridad. La reforma política, judicial y electoral, han sido los temas planteados a las nuevas bancadas como agenda y aprobar los decretos de urgencia como prioridad.

Es notable como una “victoria política”, es desperdiciada rápidamente. En efecto, la fragmentación del voto, la desaparición o menor peso relativo de sus opositores, le daba nuevos aires, pese a no tener bancada propia. Ya hay una coalición que jugará tal rol, a juzgar por las declaraciones de sus voceros.

Pero, a la incapacidad de resolver los problemas de la economía y de la gente, se ha sumado una nueva crisis política, por el caso Odebrecht. No solo pone en duda la voluntad o posibilidad de luchar contra la corrupción, sino que evidencia la persistencia de puertas giratorias de varios de sus altos funcionarios, que han incurrido por lo menos en conflicto de intereses, sino en faltas mayores. No hay que olvidar que esa “captura del estado”, típico del “crony capitalism”, es el que colapsó con PPK. Pero, al parecer, solo hay un cambio de nombres o actores.

Eso es gravísimo, porque no se trata de cambiar ministros sistemáticamente, para “refrescar el gabinete”, el problema es que se está deteriorando cada vez más el régimen. No bastarán campañas comunicacionales o de propaganda para solucionarlo, y cada vez está involucrada gente más cercana al mandatario.

Esta situación de crisis y las consecuencias de los decretos de urgencia, deberían ser principalísima preocupación de los partidos políticos y los nuevos congresistas, planteando alternativas y salidas para diferentes escenarios posibles. No la repartija para ver quien conforma la nueva mesa directiva, o las pugnas internas que alertan de posibles nuevos fraccionamientos una vez que asuman.

Se necesita urgente cambio de timón en el Ejecutivo y una reacción inmediata de los partidos y nuevos congresistas, pero por los antecedentes, puede ser pedir peras al olmo. No nos quejemos luego, de las consecuencias de la inacción.