PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD. OP9: Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas
Alan Fairlie
Rosa Varillas
El Plan Nacional de Competitividad y Productividad en relación al Objetivo Prioritario N° 09, propone lograr la complementariedad entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, a fin de que se transite hacia una economía verde para reducir los efectos de la actividad económica sobre el medio ambiente[1].
Asimismo; señala que “Los lineamientos del OP9 están orientados al uso eficiente y responsable de los recursos naturales en la realización de las actividades económicas, generando así una variedad de efectos positivos sobre la competitividad peruana” (MEF, 2019, p. 110). En ese sentido, busca minimizar los costos de producción a través de la optimización de los procesos productivos y de la gestión integral de residuos sólidos, asegurando la disponibilidad de recursos a lo largo del tiempo.
Las siete medidas de política que establece el Plan, se orientan principalmente sobre las acciones a tomar frente al cambio climático, promover la economía circular, la producción limpia, las energías renovables, entre otros. Estas medidas ya han sido parte de la agenda del Poder Ejecutivo, siendo propuestas elaboradas con anterioridad principalmente a nivel del Ministerio del Ambiente.
De esta manera, el Plan hace referencia al Informe Final del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar información técnica para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC), como parte del Acuerdo de París (2015), para la reducción de la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático para el Perú donde se priorizaba cinco áreas temáticas afectadas por el cambio climático: agua, agricultura, bosques, salud, y pesca y acuicultura.
El Informe Final señala que “el Perú tiene el compromiso de alcanzar una reducción de emisiones de GEI de 20% en el año 2030, con respecto al año base de 2010 y considerando un escenario Business as usual (BaU) de incremento de emisiones. Adicionalmente, la meta debería incrementarse en un 10% que está condicionado a la cooperación internacional” (Gobierno del Perú, 2018, p. 25).
En ese sentido, buena parte de lo desarrollado en el presente Plan contiene lo avanzado por el
Grupo de Trabajo Multisectorial respecto a la adopción de medidas frente al cambio climático, y al monitoreo y evaluación de los productos y medidas de adaptación. Además, se aborda la mitigación de gases del efecto invernadero en el sector energía, los procesos industriales, el sector agricultura, el sector uso de suelo, y el sector desechos (residuos sólidos y aguas residuales).
Cuadro: Lineamientos y Medidas de Política en torno a la sostenibilidad ambiental
A continuación, señalamos las medidas de política que contempla el Plan, respecto a los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Competitividad y Productividad.
Medida de Política 9.1: Estrategia de Financiamiento de Medidas Frente al Cambio Climático
El Plan señala que los principales avances para afrontar el cambio climático se han articulado en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), compromiso internacional asumido en el Acuerdo de París para reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), además de limitar la temperatura media del planeta por debajo de 2° C. Sin embargo; la orientación de esta medida para el cumplimento de estos compromisos se basa principalmente en establecer una estrategia de financiamiento (público-privado-cooperación internacional), para la implementación de las medidas de NDC en el MINAGRI, MTC, MINEM, PRODUCE, MVCS, y MINAM.
Medida de Política 9.2: Gestión integral de residuos sólidos
Según el Plan, menos del 52% de residuos sólidos de los habitantes de Lima y Callao son dispuestos en rellenos sanitarios, ante la falta de infraestructura disponible los residuos son llevados a los botaderos, lo cual genera una mayor emisión de GEI, contaminando el ambiente y la salud de la población. Se propone la construcción de plantas de valorización y rellenos sanitarios, profesionalizar la labor del reciclador, una estrategia de educación y comunicación sobre consumo responsable, valorización y manejo de residuos sólidos, entre otros.
Medida de Política 9.3: Economía circular y Acuerdos de Producción Limpia en los sectores industria, pesca y agricultura
La mayoría de empresas no implementan sistemas de gestión de residuos sólidos o líquidos, y mecanismos de tratamiento de aguas residuales. Para esto, el Plan propone la aprobación de una Hoja de Ruta hacia una economía circular del sector industria, y Acuerdos de Producción Limpia con el sector de la pesca y la agricultura.
Medida de Política 9.4: Estrategia de energía renovable, electromovilidad y combustibles limpios
El Plan propone la creación de la Oficina de Planificación Minero Energética, la promoción de vehículos eléctricos e híbridos y su infraestructura de suministro, regular el contenido de azufre en las gasolinas y gasoholes por ser un componente altamente nocivo para la salud de la población, y mecanismos alternativos para la promoción de las energías renovables.
Medida de Política 9.5: Bono de chatarreo
Se propone la creación de un programa que establezca incentivos económicos y no económicos para la adquisición de vehículos nuevos con estándares de emisiones adecuados, y el procesamiento como chatarra de vehículos antiguos. De esta manera reducirían el parque automotor obsoleto. La propuesta será mediante un Proyecto de Ley “Ley que promueve la renovación y retiro del parque automotor” que se presentará en setiembre de este año y su reglamento se proyecta para julio de 2021.
Medida de Política 9.6: Plataforma de monitoreo de las NDC y mitigación
El Plan propone crear una Plataforma de monitoreo de implementación y cumplimiento de las NDC a través de tres plataformas operativas: i) las medidas NDC de mitigación, ii) las medidas NDC de adaptación, y iii) el financiamiento para el cambio climático.
Medida de Política 9.7: Instrumentos para la gestión sostenible y puesta en valor de los recursos naturales y servicios ecosistémicos
Ante la identificación de 4.2 millones de hectáreas de ecosistemas degradados, la alerta de OSINFOR de que entre el 2009 y 2019 se identificaron más de dos millones de metros cúbicos de madera proveniente de extracción no autorizada como la tala y comercio ilegal, el Plan propone la implementación de un conjunto de herramientas que aseguren el origen legal de los productos fabricados en base a recursos forestales que inicialmente serán a través de la adopción voluntaria de buenas prácticas; asimismo, promover los modelos de negocios basados en el aprovechamiento rentable y sostenible de los productos de la biodiversidad.
Balance
Aspectos Positivos
Consideramos positivo que el Objetivo Prioritario N° 9 establezca medidas para afrontar el cambio climático en cumplimiento de los compromisos internacionales que el Perú ha asumido, y para los cuales el Poder Ejecutivo ya viene desarrollando propuestas. Asimismo; son avances respecto a la protección ambiental, la gestión de los residuos sólidos, la promoción de vehículos eléctricos e híbridos, el bono del chatarreo, la economía circular, entre otros.
Algunas medidas que contempla el Plan van en la misma línea que los instrumentos elaborados desde nuestro despacho parlamentario y que han sido aprobados en el Parlamento Andino sobre el desarrollo sostenible, la promoción de servicios ecosistémicos, el crecimiento verde, entre otros. Así tenemos la Recomendación Nº 373 “Establecer una estrategia andina de financiamiento verde para transitar hacia el desarrollo sostenible” que plantea que los países Andinos promuevan una estrategia conjunta para acceder al financiamiento verde ofrecido por distintos organismos internacionales. La Recomendación Nº 367 “Impulsar la creación y uso de instrumentos de pago por servicios ecosistémicos, para promover la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad” que tiene como fin el promover políticas públicas para la creación, implementación y monitoreo de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos para la recuperación, uso y conservación sostenible de la biodiversidad y sus servicios ambientales. La Recomendación Nº 346 “Para fomentar el uso de energías renovables en los países de la región andina” que tiene como objetivo que los países Andinos transiten progresivamente a una transformación de la matriz energética que favorezca el crecimiento económico diversificado en base a energías limpias. Finalmente, la Recomendación Nº 347 “Para impulsar las inversiones verdes sostenibles en la región andina” apunta hacia la transición de una economía verde en la región.
Aspectos Críticos
Consideramos que el Plan, al igual que la Política Nacional de Competitividad y Productividad no ha atendido aspectos de mayor gravedad respecto a la sostenibilidad ambiental y las actividades económicas, como la flexibilidad de la normativa ambiental que redujo los estándares ambientales para promover la inversión privada, la falta de licencia social para los proyectos extractivos, la falta de supervisión y fiscalización del uso el agua por las empresas mineras, las responsabilidad por parte del sector empresarial ante los incumplimientos y la contaminación ambiental, entre otros. Esta situación viene generando constantes conflictos socioambientales durante todo el año que no son debidamente atendidos. (Ver aquí: http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789)
En cuanto al papel del Estado, se mantiene en un rol intermediario al establecer como instrumentos las recomendaciones, hojas de ruta, protocolos, y acuerdos con el sector empresarial, y no asumir un rol más activo frente a la contaminación ambiental generada por las empresas extractivas y que es denunciada por la población.
La elaboración de estas medidas del Plan ha estado a cargo de los Comités
Técnicos Público-Privados (CTPP). Esta OP Nº 09, ha sido liderado por el
Ministerio del Ambiente, contando con diversas instituciones del Poder Ejecutivo
como PRODUCE, MVCS, MEF, MINAGRI, MINAM, GORE, SUNARP, INIA, DICAPI, SUNAFIL, SANIPES, SERFOR, OSINFOR,
entre otros. No ha habido participación de la sociedad civil, ni gremios
agrarios, tampoco han participado debidamente, organizaciones especializadas en
temas ambientales.
[1] Decreto Supremo Nº 237-2019-EF. (2019). Plan Nacional de Competitividad y Productividad. (p. 110).
