Peajes en la capital: anuncio de nulidad a medias
Vecinos de Puente Piedra exigen también la nulidad del contrato con Rutas de Lima
El anuncio del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con respecto a que solicitará la nulidad del contrato con Línea Amarilla tras no lograr un acuerdo en la renegociación del costo de los 11 peajes que administra la empresa Lamsac, es un paso positivo para la ciudad, pero aún faltan dar muchos más.
El 24 de julio el burgomaestre capitalino anunció que solicitará la nulidad del contrato con Lamsac ante los tribunales internacionales, lo cual tomará aproximadamente dos años y tendrá un costo para la comuna de 1 520 millones de soles. Al respecto, la empresa ya respondió que no aceptará la nulidad del contrato y que lo defenderá «enérgicamente”.
Con respecto a Rutas de Lima las cosas son distintas, Muñoz explicó que la concesionaria aceptó firmar una cláusula anticorrupción, por lo que en caso se detecte algunos de estos actos, la administración pasará a manos de la MML, asimismo explicó que hasta el momento han congelado la posibilidad que aumenten la tarifa de los peajes.
Sin embargo, este acuerdo alcanzado con Rutas de Lima no fue bien recibido por los vecinos del distrito de Puente Piedra quienes hoy han realizado una protesta exigiendo la nulidad también del contrato con esta empresa que tiene 7 peajes en la capital. El alcalde de este distrito, Rennán Espinoza, respaldó a sus vecinos y rechazó que el burgomaestre limeño haya aceptado mantener la tarifa actual del peaje, que es de S/5.50.
El alcalde de La Molina, Álvaro Paz De la Barra, cuestionó que la Municipalidad de Lima no haya llamado- antes de tomar decisiones- a los alcaldes de los distritos en los que la presencia de los peajes tiene mayor impacto, como Ate y La Molina. Reclamó que en su distrito existan dos peajes en menos de cuatro cuadras.
Esta coyuntura que atraviesa nuestra capital, en un análisis de fondo nos demuestra que existe la necesidad de iniciar una discusión sobre las concesiones y las Asociaciones Público Privadas (APP) a fin de que el marco legal no perjudique a la propia población ni permita contratos que benefician solo a las empresas.
