MEDIOAMBIENTE, PUEBLOS INDÍGENAS, MINERÍA E HIDROCARBUROS

Esthefany Herrera

  1. Políticas implementadas por el gobierno

En el último mensaje presidencial, así como en las presentaciones de los premieres ante el Congreso, se dejó ver una serie de políticas que se vienen impulsando desde el Gobierno, particularmente en la coyuntura que estamos viviendo.

Respecto al medioambiente, se han implementado políticas sobre gestión de residuos y ley sobre plástico de un solo uso, que son parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Dichas normas han sido promovidas a partir de la serie de Decretos de Urgencia que el Gobierno ha suscrito.

De esta manera, se aprobó el Decreto legislativo 1501, que modifica legislación de residuos sólidos, que considera la separación de residuos sólidos de forma obligatoria, lo cual busca fomentar su aprovechamiento y gestión adecuada; así como la economía circular, la formalización de los recicladores, y generar mayores oportunidades de negocios.

Asimismo, se creó la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, con la finalidad de elaborar propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático alineadas al cumplimiento de los compromisos asumidos en las contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París. Además, se lanzó la plataforma digital huella de carbono con el fin de reducir la huella de carbono por parte de instituciones públicas y privadas.

El Gobierno también anunció la reactivación del sector forestal y fauna silvestre, mediante un proyecto Ley que busca dinamizar los procesos y aprovechamiento de los recursos forestales. Al respecto se espera ejecutar un programa de inversión en el sector forestal por más de 400 millones de soles, cuyo impacto sería la generación de 56 mil nuevos empleos directos e indirectos, y la movilización de nueva inversión privada.

Otros anuncios son la creación de la Plataforma Circular y la apuesta por suscribir del Pacto Peruano por una Economía Circular entre actores públicos y privados en sectores como industria, pesca, agricultura y construcción.

También, se busca potenciar Acuerdos de Conservación suscritos con comunidades nativas amazónicas con el objetivo de aumentar la cobertura de bosques adecuadamente conservados y aprovechados; así como desarrollar la Plataforma Climática Indígena, que permita actualizar las contribuciones Nacionalmente Determinadas, y elaborar la Propuesta Técnica de Carbono Neutralidad y el Plan Nacional de Adaptación, considerados como los pilares básicos para la construcción de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050.

Respecto a medidas sobre conservación, la pre-publicación de un decreto supremo que mejora la regulación de los planes maestros de las áreas naturales protegidas y áreas de conservación regional, cuya finalidad sería garantizar la debida protección de los derechos adquiridos en estas, así como su conservación e inversiones sostenibles.

  • Medidas propuestas por organismos internacionales ante la crisis

Según el último reporte SDG Pulse 2020 de la UNCTAD afirma que, la pandemia ha conllevado a la paralización en el progreso y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Las principales líneas afectadas han sido las relacionadas a la atención y combate de la crisis climática, desigualdad, producción no sostenible y la pobreza. De esta manera, la problemática pre existente se ha agravado. Estos resultados, muestran la necesidad de atender además de los ejes económico y social, ligarse también con el eje ambiental para promover y transitar hacia el desarrollo sostenible de manera integral e inclusiva.

Se ha demostrado que existe una relación entre el deterioro del medioambiente y la proliferación de nuevas enfermedades causadas por la aparición de virus y bacterias. Igualmente, incluso en la situación actual, el comercio ilegal de fauna silvestre, la deforestación y la agricultura industrial incrementan los riesgos de aparición de nuevas pandemias. Asimismo, la urbanización, la pérdida y la fragmentación de hábitats o los mercados de animales vivos incrementa el contacto con especies portadoras de infecciones. Según diferentes investigaciones, alrededor del 75% de las enfermedades infecciosas nacen por la trasmisión de animales a personas.[1]

Organismos internacionales como la CEPAL, PNUMA[2], el BID, ente otros; señalan que esta es la oportunidad que tienen los países para fortalecer e impulsar de manera más agresiva acciones que promuevan el avance hacia el logro de los ODS, la agenda 2030, y liderar un cambio en las matrices productivas de las economías hacia una tendencia más verde. Se exhorta a evitar que la agenda climática y el cuidado del medioambiente pasen a un segundo plano para facilitar la recuperación económica de la pandemia de coronavirus.

Se incide en la necesidad de incluir en el diseño de los planes de estímulo económico propuestas más sostenibles, mediante infraestructuras e inversiones en sectores verdes. De otro lado, se debe elevar el control y restricciones al comercio ilegal de vida silvestre.  En este sentido, se proponen algunos sectores que pueden liderar la recuperación, como sería el caso de la transformación energética basada en las energías renovables.[3]

Asimismo, en este contexto, se llama a la Ratificación del Acuerdo de Escazú, que busca garantizar que las comunidades y personas, principalmente en situación de vulnerabilidad; accedan a información que les permita participar en decisiones que afectan al medio ambiente; así como tener acceso a la justicia en asuntos ambientales.  

3. Instrumentos Normativos del Parlamento Andino 

El parlamentario andino Alan Fairlie presentó y se aprobó en el Parlamento Andino propuestas normativas que buscan fomentar políticas que faciliten la transición hacia el desarrollo sostenible e inclusivo; en el cual una de las mayores premisas es el cuidado del medio ambiente y su uso sostenido de los recursos naturales sin exceder la capacidad ecológica. Entre ellos destaca el marco normativo que promueve el Biocomercio en la Región Andina; Marco Normativo de Economía Azul Sostenible; así como la Recomendación N°347: Impulsar las Inversiones Verdes en la Región Andina, la recomendación Nª 367: Impulsar la Creación y Uso de Instrumentos de Pago por Servicios Ecosistémicos para Promover la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad; y la recomendación N°373: Para Establecer una Estrategia Andina de Financiamiento Verde para Transitar hacia el Desarrollo Sostenible.

En términos de energías, se impulsó el desarrollo energético y uso de energías renovables mediante la Recomendación N° 346: Fomentar el Uso de Energías Renovables en los Países de la Región Andina, que promueve las políticas públicas de inversión, investigación y desarrollo y uso de energías renovables en sus diversas modalidades con el fin de transitar hacia una efectiva transformación de la matriz energética.

Estas propuestas de normativa andina buscar poner en el centro de la estrategia de desarrollo el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Es importante que se priorice el eje socioambiental en los planes y agendas económicas de los países, dado que la forma más eficaz de prevención es conservar un medioambiente sano, para prevenir futuras crisis como la actual.

De otro lado, reconociendo que, el Acuerdo de Escazú promueve la gobernanza ambiental y el desarrollo sostenible e inclusivo, se saludó la firma del Acuerdo, respaldando el reconocimiento a los derechos al acceso de información, la participación ciudadana, y acceso a la justicia.  Si bien se exhortó a los países miembros a firmar el Acuerdo,[4] solo ha sido ratificado por Bolivia y Ecuador. La pandemia hace más evidente la necesidad de ejecutar las reformas estructurales y pactos sociales y ambientales para avanzar hacia los objetivos nacionales e internacionales.

Como también se ha mostrado en los diversos trabajos elaborados por el Despacho del Parlamentario Andino Alan Fairlie, hay avances en economía circular y manejo de residuos, que son parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Si bien los avances brindan alternativas para la gestión de pasivos ambientales y residuos, creando incentivos para la reutilización y reaprovechamiento de pasivos ambientales y residuos sólidos; de otro lado también hacer frente al cambio climático.  Hay otros puntos de agenda que son críticos y no han sido contemplados, como es la relación entre el medioambiente y las actividades económicas, al anteponer los intereses económicos y flexibilizando la normativa ambiental para promover la inversión privada, como es lo que viene sucediendo con el sector minero.

Pueblos indígenas

  1. Políticas implementadas por el Gobierno

Mediante el Decreto de Urgencia 071-2020, se estableció el plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía ante la pandemia que cuenta con un financiamiento de 74 millones de soles dirigidos a comunidades indígenas de 10 regiones del país.

Asimismo, se está ejecutando una estrategia de alertas que brinda información en tiempo real sobre pacientes sospechosos de COVID-19 para su atención.  Y, se ha implementado campañas de Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) para brindar atención prioritaria a comunidades nativas

De otro lado, se ha creado una estrategia multisectorial para la atención sanitaria y el abastecimiento de alimentos. En esta línea, se ha aprobado el plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía, que consiste en el fortalecimiento de instituciones prestadoras de servicios de salud, para el desarrollo de acciones de prevención y respuesta sanitaria para pacientes en riesgo, sospechosos y confirmados de COVID-19. Además, se han adquirido concentradores de oxígeno.

  • Medidas propuestas por organismos internacionales ante la crisis

Dada la alarmante situación que atraviesan las comunidades nativas e indígenas, distintos organismos internacionales han centrado su atención en el impacto y desafíos de políticas públicas que les permita enfrentar la crisis ocasionada por el COVID 19.

La OIT hace un llamado a una recuperación socioeconómica inclusiva, para lo cual es clave el reconocimiento y protección del derecho a la propiedad de las tierras indígenas. Además, señala que son importantes el diseño y ejecución de políticas para el acceso a educación, formación, empleo y protección social de las personas indígenas. Asimismo, recomienda difundir información culturalmente apropiada para contener la expansión del Covid-19, asegurar los servicios de salud y asistencia social. A su vez, insta a apoyar a la empresas y cooperativas indígenas, proteger sus derechos a la tierra y recursos naturales; y promover el diálogo y participación de los pueblos indígenas.

Por su parte, la ONU[5] recomienda se reconozcan a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, además de incluir a los representantes y líderes en las comisiones o grupos de emergencia y respuesta sanitaria para que participen y supervisen las acciones frente a la pandemia. Asimismo, considera la coordinación transfronteriza de los países, mejorar los accesos a infraestructura y agua potable; así como elaborar respuestas culturalmente apropiadas coincidiendo con la OIT. Incluso, sugiere considerar fondos de reconstrucción post pandemia.

De otro lado, el BID[6] exhorta a fortificar la organización comunitaria particularmente para enfrentar la crisis sanitaria, crear comités de emergencia para coordinar acciones comunitarias, controlar el regreso de las personas de la comunidad y el ingreso de intermediarios o proveedores de alimentos. También plantea la creación de planes de coordinación para la atención y de abastecimiento; así como la realización de mapeos de puntos focales para fomentar la coordinación entre autoridades locales, las comunidades y apoyo externo.

  • Balance

Si bien hay algunos avances en la atención de la población indígena, debe implementarse un plan intercultural de salud, además de hacer frente a otros problemas como la falta de seguridad territorial, la fragilidad del sistema de salud y la exclusión de la población rural de los programas sociales. Por las características geográficas de la Amazonia y los patrones culturales de los pueblos indígenas y su interrelación, es importante promover una estrategia conjunta e integral a lo largo de la Cuenca del Amazonas.

En este sentido, sería importante incorporar las demandas hechas por diferentes organizaciones y comunidades de la Amazonía. Es urgente se adopten las medidas necesarias para atender la Amazonía desde el frente nacional y promoviendo la cooperación internacional a nivel regional. También es necesario se fomente la coordinación entre las autoridades locales y las organizaciones indígenas a fin de diseñar e implementar medidas sanitarias, de confinamiento y de auto-sostenimiento de acuerdo a sus necesidades y que sean interculturales.

Minería e hidrocarburos

  1. Políticas implementadas por el gobierno

El Gobierno ha priorizado el fortalecimiento del sector minero, buscando promover proyectos mineros de gran envergadura. Para tal fin, se ha llevado a cabo la modificación del reglamento de procedimientos mineros que, según declaraciones oficiales, tiene por objetivo agilizar los trámites y procedimientos, que a su vez respete los derechos de los pueblos indígenas.

Han sido aprobadas medidas como actualización del Reglamento de Procedimientos Mineros que data de 1992, la modificación al Reglamento de Exploraciones Mineras; y de los lineamientos para realizar estudios de colecta de muestra en Produce y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Asimismo, se ha conformado la Comisión de especialistas para el desarrollo de minería sostenible, que pretende impulsar propuestas para fortalecer la competitividad del sector minero y garantizar su desarrollo en un entorno socialmente favorable, para el diseño de la Política de Estado para el Desarrollo Sostenible del sector minero.

Se anunció la emisión de otro decreto de urgencia para facultar de manera excepcional al Ministerio de Energía y Minas financie estudios de preinversión y expedientes técnicos de proyectos de inversión pública a cargo de gobiernos regionales y locales, principalmente en el corredor minero.

En el sector hidrocarburos, se está impulsando la modificación del Reglamento de regalías y retribuciones, reduciéndolas para brindarles mayor liquidez a las empresas. Se anunció también la modificación del reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos; y, la presentación de un proyecto de modificación de Ley Orgánica de Hidrocarburos, así como impulsar la actualización de los reglamentos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, y de Calificación de Interesados para realizar la Exploración y Explotación de hidrocarburos.

2. Balance

Como se muestra, el Gobierno continúa apostando por una profundización de modelo extractivo. Ante esta situación, se debe poner especial atención en que la agilización de dichos procedimientos, no devenga en una flexibilización del cumplimiento de estándares ambientales. Es clave hacer una revisión de la propuesta, con el objetivo de constatar no se estén retrocediendo en la instuticionalidad ambiental para facilitar las inversiones mineras, conllevando a mayor degradación del medioambiente, y más conflictos socioambientales. Deberá analizarse si dichos cambios garantizan realmente el cuidado y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

Si bien se ha hecho mención de necesidad de aplicar la regulación sobre consulta previa, en la estrategia promovida desde el Gobierno, no se hizo mención del Acuerdo de Escazú que ratifica el compromiso y reconocimiento con los derechos ambientales y de acceso a la información, justicia y participación de la población. Esta es una herramienta clave que puede aportar a prevenir y resolver discrepancias y conflictos socioambientales, en este caso, vinculados a las actividades extractivas.

De otro lado, respecto a los hidrocarburos, es necesario pensar en cómo el sector puede aportar al desarrollo sostenible del país. En este sentido, se hace clave pensar en la estrategia del sector a favor del desarrollo local y cierre de brechas, como la energética; principalmente en las áreas rurales. Asimismo, es importante anteponer el abastecimiento local y disposición de estos recursos para promover polos industriales en las regiones, así como la reactivación productiva dentro del país. En esta línea, promover una matriz energética diversificada se hace relevante.


[1] https://es.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-y-la-naturaleza-estan-unidos-la-recuperacion-tambien-debe-estarlo/

[2] https://news.un.org/es/story/2020/04/1472482

[3] https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/crece-la-generacion-de-electricidad-con-fuentes-renovables-en-2019?fbclid=IwAR3efGhIrhzI7-_RZh-Y-TsEWd5ZQ6po9a75kb99jb9KHeh2JLY_BCDwLfc

[4] Parlamento Andino insta a sus países miembros a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. Link: https://www.cepal.org/es/notas/parlamento-andino-insta-sus-paises-miembros-firmar-ratificar-acuerdo-escazu

[5] https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/COVID_IP_considerations_Spanish.pdf

[6] https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Prevencion-contencion-y-manejo-de-casos-de-contagio-por-COVID-19-en-territorios-indigenas-Politicas-sociales-en-respuesta-al-coronavirus.pdf

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