Acuerdo de Escazú: democracia ambiental como instrumento para el desarrollo sostenible

Alan Fairlie Reinoso

Gran parte de los países latinoamericanos, entre ellos el Perú, están comprometidos con los pilares sobre los que se cimientan la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los principios establecidos en la Declaración de Río de 1992. 

En este sentido, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido ampliamente como el Acuerdo de Escazú, es una herramienta que promueve la Democracia Ambiental, y se basa en el principio 10 de la Declaración de Río, que busca dar solución a los principales desafíos globales, reconociendo la necesidad de la participación ciudadana de las personas involucradas (directa o indirectamente) en los asuntos ambientales.[1]

En la misma línea, este Acuerdo también es un aporte al cumplimiento del ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones inclusivas, y la Agenda 2030; que llaman a garantizar los derechos de acceso a la información, a impulsar el estado de derecho y asegurar el acceso igualitario a la justicia; crear instituciones eficientes; asegurar la toma de decisiones que sean representativas, participativas, e inclusivas; proteger las libertades fundamentales; afianzar el acceso público a la información; aplicación de normativa no discriminatoria; y, el fortalecimiento de la institucionalidad.[2]

Sin embargo, en los últimos días, hemos visto cómo diferentes organizaciones empresariales han manifestado que el acuerdo de Escazú, firmado por Perú, pero pendiente de ratificación, conllevaría a una pérdida de soberanía, entre sus principales argumentos. Asimismo, sostienen que el país ya reconoce el derecho del medio ambiente; y que la ratificación de dicho Acuerdo, solo conllevaría a agotar las instancias nacionales para la solución de controversias en este ámbito.[3]

Del mismo modo, el actual Canciller peruano cuestionó la posible ratificación del Acuerdo, enviando una carta al Congreso de la República, donde se encuentra en discusión. El punto objetado por la autoridad es el referente a la obligación internacional que asumiría el Estado sobre la seguridad y derechos a los defensores y defensoras ambientales; por lo cual sostiene debe seguir debatiéndose y discutiéndose ante la falta de consenso.[4]

En contraposición, organismos internacionales, sociedad civil y comunidades indígenas han salido a desmontar los argumentos señalados, aduciendo una falta de información del tema que está la distorsionando lo señalado en el Tratado, lo cual ha llevado a la politización del tema, pese a la coyuntura que vivimos.[5]

Como se ha mencionado, el Acuerdo busca garantizar que las comunidades y personas, principalmente en situación de vulnerabilidad; accedan a información que les permita participar en decisiones que afectan al medio ambiente; así como tener acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Si bien, contempla procedimientos judiciales y administrativos, estableciendo derechos y obligaciones; también reconoce en el artículo 3 el “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y principio de igualdad soberana de los Estados”.[6] Asimismo, establece que los derechos serán garantizados de acuerdo a la regulación nacional, respetando los estándares vigentes por cada legislación.

De otro lado, los argumentos críticos señalan que promueve la solución de controversias ambientales en la corte internacional de La Haya. Dicha crítica carece de validez, dado el desconocimiento del artículo 19 del Acuerdo, donde se incide que las disputas deben ser resueltas mediante la negociación u otro mecanismo de solución. El Acuerdo estipula que solo se llevarán a La Haya los conflictos entre los Estados firmantes, dejando el resto de disputas a instancias nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, parte de los pronunciamientos en contra afirman que impone trabas a las inversiones extractivas (mineras, petroleras, madereras, pesqueras, entre otras). Sin embargo, este instrumento no busca crear una división entre la promoción de la inversión frente a la conservación del medioambiente; sino, más bien conciliar ambos objetivos y que los proyectos de inversión sean ambientalmente responsables y socialmente inclusivos.

Si bien hubo avances de reconocimiento de derechos de acceso, estos han sido abordados a nivel sectorial de manera transversal. En este sentido, la ratificación del Acuerdo implica apoyar la articulación nacional, homogenizando los estándares y una visión integral de su aplicación.

 Es así que, el Acuerdo reafirmaría y elevaría muchas de las recomendaciones e instrumentos no vinculantes a normas ambientales, entre ellos la inclusión del ordenamiento territorial en las inversiones extractivas y la consulta previa. Su ratificación reforzaría el reconocimiento de los derechos tanto a la participación social, medioambiente y justicia social. Igualmente, pretende brindar una base de estándares a nivel internacional sobre derechos de acceso, junto a las garantías necesarias para tal fin. De otro lado, pretende fomentar la implementación de medidas innovadores y mecanismos de transparencia para la difusión de la información, lo cual es un mecanismo que aporta a la prevención de la corrupción.

Asimismo, introduce el compromiso de velar por la integridad de los defensores ambientales y buscar garantizar su seguridad, lo cual no implica que se les brinde una categoría superior, sino puedan defenderse y expresarse libremente en defensa de sus territorios y los recursos naturales, que son la base de su subsistencia. Los derechos que reconoce no son excluyentes ni exclusivos, sino para todos y todas, garantizando la seguridad de los actores involucrados.

Otro aspecto destacable e innovador del Acuerdo, es la inclusión del principio de no regresión y de progresividad que buscan evitar posibles flexibilizaciones futuras en los compromisos, derechos y normativa ambiental asumidos. Y, los principios de máxima publicidad y donde prime la persona. Adicionalmente, el Acuerdo busca incentivar la cooperación regional, para fomentar el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

De esta manera, el Acuerdo promueve la gobernanza ambiental y el desarrollo sostenible e inclusivo. Convencido de los beneficios que puede traer avalar este Acuerdo, presenté y se aprobó en el Parlamento Andino el saludo a la firma del Acuerdo, respaldando el reconocimiento a los derechos al acceso de información, la participación ciudadana, y acceso a la justicia[7]. La actual coyuntura de crisis y pandemia que estamos enfrentando, ha hecho más evidente la necesidad de ejecutar las reformas estructurales y pactos sociales y ambientales para avanzar hacia los objetivos nacionales e internacionales que hemos asumido como compromisos, para lo cual el Acuerdo de Escazú es un instrumento importante.


[1] CEPAL (2018) Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Link: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

[2] ODS 16. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/

[3] Véase Comunicado público sobre el Acuerdo de Escazú, disponible en: https://www.confiep.org.pe/noticias/comunicado-publico-sobre-el-acuerdo-de-escazu/

[4] Acuerdo de Escazú: Canciller dice que aún no hay que ratificarlo. Link: https://gestion.pe/economia/acuerdo-escazu-canciller-dice-que-aun-no-hay-que-ratificarlo-noticia/?ref=gesr

[5] DAR. La senda de sociedad civil hacia el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe. Link: https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/200_escazu_regional.pdf

CEPAL. El Acuerdo de Escazú. Link: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

[6] Acuerdo de Escazú (2018) pp. 16

[7] Parlamento Andino insta a sus países miembros a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. Link: https://www.cepal.org/es/notas/parlamento-andino-insta-sus-paises-miembros-firmar-ratificar-acuerdo-escazu

Foto: Fundeps

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