Régimen de promoción agraria
Parlamentario andino Alan Fairlie señala que los incentivos para la promoción agraria deben ser en beneficio de la pequeña y mediana empresa y la agricultura familiar, no para las grandes agroexportadoras
El Pleno del Congreso aprobó con 57 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, el Dictamen de la Comisión Agraria que amplía hasta el 2031 el Régimen de Promoción Agraria, Ley Nº 27360, que fue aprobado como un régimen transitorio que entró en vigencia en el 2001 hasta el 2010, y luego prorrogado hasta el 2021. Antes de dicha aprobación se votó una Cuestión Previa para que el Dictamen regrese a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a fin de que dictamine, pero fue rechazado.
Las modificatorias aprobadas corresponden a los artículos 3º, 7º, y 9º de la Ley Nº 27360, sobre vigencia, contratación laboral, y seguro social del régimen previsional respectivamente. De esta manera se amplió la vigencia de la Ley hasta el 2031, se dieron aumentos a la remuneración diaria y a la indemnización por despido arbitrario, se estableció que la remuneración básica no puede ser menor que la RMV, ampliaron el descanso vacacional a 30 días, y aumentaron el aporte del empleador al seguro social del 4% al 6%.
Sin embargo, el régimen de promoción agraria tiene temas de fondo sobre discriminación laboral que no han sido atendidos. En primer lugar, se mantiene la desnaturalización de las gratificaciones y las CTS al continuar incluidas en las remuneraciones, se continúa con la flexibilidad de sus contrataciones. La violación a la libertad sindical y los abusos laborales se dan constantemente y son denunciados por los gremios sindicales. Se persiste en beneficiar sobre todo a la gran empresa, dado que no aportan el 9% al seguro social, desfinanciándolo y generando pérdidas.
Detrás de esta ampliación están las empresas agroexportadoras, que mantienen sus beneficios tributarios y continúan haciendo caja con los beneficios laborales no reconocidos, como si las mismas condiciones del año 2001 fueran las actuales. Este régimen, que fue desde sus inicios transitorio, para “promover la inversión”, ya no es el mismo. Entre el 2001 y el 2015 las empresas tuvieron un crecimiento del 785%, con lo cual ya recuperaron con creces sus inversiones. Además, son sólo 15 empresas agroexportadoras las que agrupan al 40% de trabajadores.
El parlamentario andino Alan Fairlie ha señalado que “Es lamentable que el Congreso haya decidido dar prórroga a los beneficios incluyendo a las grandes empresas agroexportadoras. Las condiciones laborales en las que trabajan, sujetos a contratos temporales, y las constantes amenazas contra la organización sindical, no han sido atendidas en este debate. Si se trata de incentivos, deben darse a la pequeña y mediana empresa, a la agricultura familiar, sectores marginados en el Plan de Competitividad y Productividad”.
Foto: Andina
