Competitividad con sostenibilidad a la peruana

Ciro Salazar Valdivia
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

A fines del 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y el pasado 28 de julio, el Plan de Competitividad, que busca implementar los lineamientos establecidos por la política. Ninguna de estas disposiciones ha sido sometida a una Evaluación Ambiental Estratégica ni a procesos de consulta con sociedad civil ni organizaciones indígenas.

La PNCP es de mucha relevancia pues propone una visión de país a largo plazo a efectos de incrementar la productividad y contribuir así con la mejora del bienestar de la población. La figura N°1 contiene sus principales componentes.

Figura N° 1: Principales componentes de la Política Nacional de Competitividad y Productividad

De forma acertada, la PNCP considera que el incremento de la productividad debe ir de la mano con la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas, e incluye a esta como un objetivo prioritario de política, sin embargo, no la define y deja su consecución principalmente en manos de las iniciativas voluntarias del sector privado, bajo el supuesto de que cada vez tiene más incentivos de mercado para implementarlas. El único indicador de política al que se compromete el Estado tiene que ver con la gestión de residuos sólidos[1].

En cuanto al Plan, su componente institucional plantea, entre otros aspectos, uno de implicancias ambientales: contar con una Ley de Ordenamiento Territorial (OT), mientras que el componente de sostenibilidad propone generar normativa que contribuya a recuperar y preservar la infraestructura natural, a efectos de lograr la resiliencia ante el cambio climático. Considera también la promoción de los bionegocios y la trazabilidad de la madera como herramientas que pueden contribuir al uso sostenible de los bosques. Tanto la Política como el Plan vinculan la sostenibilidad ambiental con la resiliencia ante el cambio climático.

Si bien es importante la inclusión de la resiliencia,  la sostenibilidad es un concepto más amplio que contempla también la gestión de impactos ambientales y sociales, directos e indirectos, de las actividades económicas. Para ello, se requiere que la institucionalidad ambiental disponga de los recursos económicos necesarios; fortalecer capacidades técnicas; y que no sea sometida por otros sectores. Bajo este marco, lo que propone el Plan de Competitividad es un avance, sí, pero muy modesto.

Entonces, si la sostenibilidad ambiental es uno de los pilares de la competitividad, urge definirla y fortalecer la institucionalidad ambiental. Para ello, entre las medidas que el Plan debería fomentar tenemos: que la Ley de OT sea vinculante y esté bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente; dotar de más recursos a la OEFA y fortalecer sus capacidades de fiscalización y sanción; profundizar la implementación de procesos de consulta previa tal como lo recomienda la OCDE; cambios en el Invierte.pe, como la eliminación del esquema de “fichas” para conseguir la viabilidad de proyectos de mediana complejidad;  contar con estudios de ingeniería de detalle para determinar la viabilidad de proyectos complejos; fortalecer técnica y financieramente a la Autoridad Nacional del Agua y al SERNANP; y contar con criterios más rigurosos y específicos para las líneas de base social y ambiental de estudios de preinversión, entre otros.


[1] PNCP, MEF, 2018, p.91

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