OP Nº 09 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA OPERACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: ¿CUMPLIMOS LOS ESTÁNDARES?

Alan Fairlie

Rosa Varillas

La Política Nacional de Competitividad y Productividad, en adelante PNCP, en su Objetivo Prioritario Nº 09 aborda la problemática ambiental con las actividades económicas. Establece como lineamientos de política, el tránsito hacia una economía circular y eco-eficiente; la promoción de nuevos mercados poniendo en valor los recursos naturales y los servicios eco-sistémicos; y las soluciones sostenibles y más limpias para el desarrollo productivo en sectores de alto impacto de la economía nacional.

Conflictos sociales y empresas extractivas

La PNCP establece que debe haber relación entre la sostenibilidad ambiental y la competitividad, pero no aborda un balance del marco normativo de protección ambiental, ni la responsabilidad de las empresas extractivas ante el incumplimiento de las normas ambientales y sociales que perjudican a las comunidades que se encuentran cercanas a los proyectos de exploración y explotación.

Es preocupante que las comunidades presenten diversas denuncias de incumplimientos de estas empresas sobre la consulta previa, la certificación ambiental, y la contaminación ambiental. Causa alarma, las denuncias de contaminación de las fuentes de agua, ya sean lagunas o ríos. Esta situación ha generado diversos conflictos sociales que de manera permanente se dan en todo el país.

Según la Defensoría del Pueblo[1] durante el 2017 se registraron 256 casos de conflictividad social, el 64.4% (168 casos) de los conflictos sociales fueron socio ambientales. Según el tipo de actividad, el 63.1% (106 casos) es de la actividad minera, el 14.9% (25 casos) es de hidrocarburos, el 3.6% es de residuos y saneamiento. Los conflictos socio ambientales registrados en el 2017 tuvieron como causa los problemas ambientales y sociales, y los incumplimientos de acuerdos. Según el reporte mensual “Willaqniki”[2] de la PCM, al 31 de marzo del 2019, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo identificó 190 casos de conflicto social a nivel nacional. El 42% son con el sector minero, el 11% por hidrocarburos, el 7% por los recursos hídricos, entre otros.

Se debería tener un Estado con un rol más activo frente a esta problemática, dado que en muchas oportunidades está ausente.

Sobre la fiscalización estatal del uso del agua.

De acuerdo a la última modificación de la Constitución, en su artículo 7°-A “(…) El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”[3]. Es decir, el Estado debe de proteger el agua. Más aún si según la OMS[4], “de aquí a 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua”.

Sin embargo, según una investigación publicada por el medio alternativo Ojo Público[5] “Las deudas pendientes de ocho mineras por el uso del agua” del año 2017, de diez de las compañías mineras más importantes del país, ocho de ellas registraron deudas pendientes de S/. 1,6 millones al Estado por el uso del agua. En 2016, a las mineras Barrick, las Bambas, y Antamina, el ANA no les facturó cobro alguno durante sus operaciones porque las empresas mineras informaron que no consumen agua, que usan el agua de las lluvias o es reciclada.

El valor del agua para las empresas extractivas, según el DS Nº 024-2015-MINAGRI, va de S/.0,09 a S/.0,27 céntimos por cada metro cúbico; sin embargo para el consumo doméstico de la población, según SEDAPAL[6] va entre S/.1.255 a S/.5.360. ¿Qué está haciendo el Estado por proteger un recurso tan esencial como es el agua? Si las comunidades denuncian que no acceden al agua como lo hacían antes de que inicien las actividades extractivas, que el agua que consumen está contaminada, el Estado debe responder a estas denuncias.

Empresas y gestión ambiental

La PNCP señala ciertas normas y herramientas sobre el tema ambiental relacionadas con las empresas, como la norma internacional ISO 14001[7] sobre sistemas de gestión ambiental (SGA), The Corporate Ecosystem Services Review (ESR), que ofrece herramientas para administrar los riesgos y el impacto de la empresa en los ecosistemas, entre otros.

Sin embargo; según una nota de prensa del Instituto Nacional de Calidad INACAL[8], “en el Perú, de un total de 1 millón 382 mil 899 de empresas formales (según cifras de la SUNAT), solo el 1% son empresas con certificación de calidad ISO (ISO 9001 e ISO 14001)”. Y según la propia PNCP sólo el 1.4% de empresas en la Encuesta Nacional de Empresas (2017), consideró que la ISO 14001 era la certificación más importante.

A nivel de los países de la Alianza del Pacífico, ocupamos el último puesto en cuanto a empresas certificadas con el ISO 14001. Los resultados publicados por la Organización Internacional de Estándares ISO[9] en el 2017, ubican a Colombia con 2954 certificaciones, México con 1701, Chile con 1419 y Perú con 499. En el caso de Colombia, la aplicación de las buenas prácticas ambientales, fue decisivo para su incorporación a la OCDE el año pasado.

Responsabilidad del Estado en la protección ambiental.

Si bien es necesario que las empresas implementen sistemas, mecanismos, y herramientas internacionales para que se conserve el medio ambiente, esto depende de la voluntad que asuman las empresas. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de contar con una legislación de protección ambiental y social, que contribuiría a reducir los conflictos socio- ambientales.

La PNCP no analiza en este objetivo las normas de protección ambiental, el fortalecimiento institucional, tampoco las consecuencias de los “paquetazos” ambientales. No se menciona en absoluto, las normas que han flexibilizado los requisitos establecidos a fin de priorizar las inversiones mineras. Esto ha perjudicado a las comunidades, y sus actividades agrícolas, ganaderas, por los casos de contaminación ambiental.

Sobre los empleos verdes

La PNCP señala que los empleos verdes se dan en el marco del crecimiento económico compatible con la sostenibilidad ambiental, con una fuerza laboral que tenga las calificaciones que se demandarán en el futuro para las nuevas tecnologías y los procesos productivos más eficientes, entre otros. Actualmente no contamos con una Política Nacional de Empleos Verdes, tenemos conocimiento que se venía elaborando una propuesta a nivel del Ministerio de Trabajo que fue anunciado el año pasado, pero que no ha logrado concretarse. Según la OIT:Los empleos verdes son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética [10]. Aún estamos lejos de llegar a eso.

Conclusiones.

El gobierno centra el OP N° 09, en señalar mecanismos y sistemas ambientales que las empresas voluntariamente deberían de optar para generar una relación entre la sostenibilidad ambiental y la competitividad. En ese sentido, una lista de buenos deseos no está mal, pero no abordar la afectación que se ha generado al ambiente, y a las comunidades a través de la reducción de los estándares ambientales para promover la inversión privada, es tener una visión incompleta de la protección ambiental.

Establecer criterios preventivos y de recomendaciones en vez de sanciones que impidan a las empresas generar daños ambientales, ha generado el aumento significativo de los incumplimientos de los permisos ambientales sectoriales. La PNCP debe de evaluar el papel del Estado frente a la protección del ambiente y revertir esta situación, analizar los daños causados y rectificarse, eliminando esas normas que han flexibilizado los estándares ambientales y población.

El Estado debe fortalecer sus procesos de fiscalización en cuanto al uso de recursos naturales por parte de las empresas extractivas, como es el caso del agua. No podemos seguir dependiendo de la información brindada por las propias empresas, sin contar con las herramientas necesarias para controlar dicho uso, más aún si el agua es el principal recurso de vida para las comunidades.

La PNCP debe considerar un rol más activo por parte del Estado, para brindar la adecuada protección a la población, y superar las falencias que se han señalado.

 

 

Foto: Publimetro

[1] Véase en:  https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Informe_anual_DP_2017.pdf

[2] Presidencia del Consejo de Ministros (2019) “Willaqniki”

[3] Constitución Política del Perú (art. 7° – A)

[4] Véase en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

[5] Véase en: https://ojo-publico.com/502/el-agua-que-las-empresas-mineras-no-pagan

[6] http://www.sedapal.com.pe/documents/10154/c754c1a6-681e-4c44-b5c9-37f3d8006cb3

[7] Véase en: http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-14001-medioambiente/

[8] Véase en:  https://www.inacal.gob.pe/principal/noticia/solo1porcientodeeempresasformales

[9] Véase en:  https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1

[10] OIT (2016) Empleos Verdes, informe de avances 2014-2015 Pág.11.

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