Alan Fairlie: “Debemos respetar a la ciudadanía, cambiar los contratos que haya que cambiar”
El Parlamentario Andino dijo que no se debe criminalizar la protesta
El parlamentario andino Alan Fairlie señaló que los sucesos ocurridos en el distrito de Puente Piedra deben “llevarnos a una profunda reflexión” sobre el rol del Estado y del mercado en la producción y distribución de bienes, servicios, e ingresos.
Asimismo, indicó que se deben agotar todos los mecanismos de diálogo y evitar la polarización y los conflictos sociales. “Más allá de los partidos o movimientos, la población reaccionará espontáneamente en defensa de sus derechos. Tampoco es una salida la criminalización de la protesta”.
“Debemos respetar a la ciudadanía, cambiar los contratos que haya que cambiar, y diseñar una estrategia de mediano y largo plazo que nos permita avanzar hacia el desarrollo sostenible que beneficie sobre todo a los sectores menos favorecidos”, agregó.
Con respecto al caso Lava Jato, dijo que es una muestra de que los diferentes partidos y movimientos políticos no han cumplido sus promesas de luchar contra la corrupción, traicionando el mandato popular recibido en las ánforas. Advirtió que esto puede llevar a muchos sectores desesperados a buscar soluciones extremas.
El Parlamentario Andino indicó que la situación actual es muy delicada: “A la precariedad del partido de gobierno, el control del Parlamento por una fuerza diferente, se suma la debilidad de instituciones, el entorno externo desfavorable, el reciente escándalo internacional que amenaza involucrar al conjunto de las fuerzas políticas”.
Contexto histórico.
Fairlie Reinoso explicó que la consigna que “todo es privatizable” se dio en los años noventa del siglo XX, con el denominado Consenso de Washington. “Se justificó esa privatización, porque en el contexto de crisis o quiebra de empresas y países, se requería inversión extranjera. Para ello, había que darles incentivos especiales, contratos de estabilidad tributaria, regímenes ad-hoc, que implicaban dejar en suspenso normas laborales o ambientales y leyes que el resto tenía que cumplir”.
El parlamentario considera que ahora, en pleno siglo XXI, debe darse una nueva discusión por lo menos en dos niveles: Una teórica, sobre los roles que debe tener el Estado y el mercado considerando las características concretas de nuestras economías. Otra empírica, analizando experiencias exitosas internacionales y en nuestro país, así como aprender de los excesos y errores cometidos. “A partir de este análisis, se deben elaborar las mejores alternativas y políticas para el desarrollo nacional”.