Alan Fairlie

El mandato del FMI

En reciente informe sobre la situación económica peruana, el FMI proyecta una tasa de crecimiento del PBI de no mayor al 2.7% para el 2017, condicionada a que se cumplan con la ejecución de recursos que permitan un impulso fiscal. Y si ello se logra, más los gastos por reconstrucción, se podrá tener una tasa de crecimiento del PBI del 3.8% para el 2018.

Por otro lado, el FMI afirma que fueron las políticas y reformas macroeconómicas sólidas las que ayudaron a lograr un alto crecimiento, junto a las mejoras de los indicadores sociales en las últimas dos décadas. Así mismo, que el crecimiento se desaceleró y complicó en el corto plazo, como producto de los shocks internos de la corrupción de Odebrecht y el impacto del Niño Costero.

Por tanto, las medidas a aplicar para solucionar el problema están asociadas a la profundización de las “reformas estructurales”, como la flexibilización del mercado laboral y con ello la reducción de la informalidad, la mejora del entorno empresarial, al que se agrega ahora como punto novedoso el combate frontal contra la corrupción. El gobierno aceptó ser monitoreado por el FMI en este tema.

Los bonos del MEF

Recientemente el MEF, ha informado que han emitido bonos soberanos por más de S/. 7,567 millones y US$ 792 millones, en bonos globales.  Esta operación iba a ser revisada por la Contraloría, cuyo titular ha cesado. Se trataba de realizar una auditoría a profundidad no solo de la emisión de bonos sino sobre todo de las condiciones de los mismos, el cumplimiento de las garantías, quienes son los agentes de compra y recompra, entre otros.

La Contraloría ya realizó una intervención con respecto a una auditoría sobre el refinanciamiento de la deuda externa por más de S/ 10,000 millones en el año 2016, la cual fue aprobada por dicha institución. Ahora con la inclusión de un artículo en la Ley del Presupuesto del año 2017, que faculta a la Contraloría emitir opinión sobre endeudamiento público y emisión de bonos su intervención se formaliza.

A ello se suman los bonos emitidos por las entidades estatales: US$ 2,000 millones en bonos internacionales de Petroperú, US$ 150 millones de la emisión internacional del Fondo Mi Vivienda, S/ 500 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y S/ 1,500 millones del Fondo Mi Vivienda.

Se ha anunciado una nueva emisión de bonos, pero  una preocupación central gira en torno a esta dinámica de endeudamiento. ¿Porqué no se utilizan los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal que cuenta con más de US$ 8,000 millones, si se quiere reactivar la economía?. ¿Porqué no se fortalecen las capacidades de gestión y ejecución presupuestal de los tres niveles de gobierno, para hacer más eficiente y eficaz el gasto público disponible?.

Opciones en juego y el pacto PPK-Fuerza Popular

Los casos que vemos de corrupción generalizada, incapacidad en la ejecución de inversión pública en diferentes niveles de gobierno, problemas falta de regulación en los etiquetados y calidad de productos como la leche, la resistencia a los cumplimientos de los estándares internacionales en alimentación, salud, contaminación, pobre supervisión laboral sin cobertura nacional, la falta de autoridad pública,  la presencia de trabajo esclavo, agudización de la informalidad y el trabajo forzoso, entre otros, son expresión del modelo en curso, de extrema liberalización.

El dilema está planteado, o más de lo mismo, según el FMI, esperanzado en un impulso fiscal mediante APPs costosas, pese a los casos de corrupción detectados y la profundización del modelo, o se pasa realmente a un nuevo esquema de política económica con una fiscalidad justa, impulso de la inversión pública directa, articulación de los niveles de gobierno, crédito para el desarrollo de la producción y la innovación.

Y, paralelamente, construir las bases para un cambio de modelo que redefina la relación Estado – mercado, con ordenamiento territorial, diversificación productiva, conformación de cadenas de valor locales y regionales, el fortalecimiento de la capacidad de gestión fiscal, planificación, supervisora y regulatoria de la institucionalidad pública, el acceso universal a los servicios públicos, el impulso a la ciencia y tecnología e innovación, para el incremento de la productividad y el crecimiento económico sostenible.

El reciente diálogo del Presidente y la lideresa de Fuerza Popular, muestra que se ha pactado lo primero. El nombramiento del nuevo Contralor y una institución con “menos dientes” es parte del acuerdo, así como el impulso de la flexibilización laboral, de estándares ambientales y la criminalización de  la protesta.

La última medida positiva macroeconómica de corto plazo, de reducción de la tasa de interés del BCR, es una golondrina que no hace verano.

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